La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) criticó la pretensión de las autoridades peruanas de regular las operaciones comerciales de los aplicativos de transporte, como Uber, y las plataformas de alquiler de viviendas particulares, como Airbnb, entre otros servicios digitales. Dijo que Perú padece de ‘tecnofobia’ al querer regular las apps bajo modelos tradicionales.
Si bien las principales políticas a nivel mundial giran en torno a cómo aprovechar las nuevas tecnologías que se vienen (más en el corto que en el mediano plazo) como el Internet de las cosas, la red 5G, la inteligencia artificial, el blockchain, el transporte autónomo, entre otros, parecería que el Perú adolece de una ‘tecnofobia’ generalizada, opinó el gremio empresarial.
Precisó que la ‘tecnofobia’ se entiende como el persistente, anormal e injustificado miedo, aversión o rechazo a la tecnología.
“Algo que vemos, cada vez más recurrentemente, en el sustento de propuestas regulatorias recientes, como las referidas a los aplicativos de transporte de personas, la vinculación “laboral” en los servicios de transporte y entrega prestados a través de plataformas digitales, regulaciones municipales orientadas a restringir y fiscalizar servicios de micromovilidad, o los servicios de alquiler de inmuebles mediante plataformas digitales, por poner unos cuantos ejemplos”, refirió Comex Perú.
En algunos casos –anotó– se puede encontrar con los supuestos típicos de “captura del regulador”, en donde los negocios tradicionales se ven amenazados por los negocios disruptivos y buscan la regulación como mecanismo de supervivencia.
“Pero, en muchos otros, existe el peligroso sesgo de querer encorsetar las nuevas relaciones que trae la economía digital en los modelos tradicionales, so pretexto de argumentar que son ilegales o informales justamente por no encajar ‘a la medida’”, aseguró.
Frente a esto –indicó el gremio– tiene que quedar claro que no existe nada que no se encuentre regulado y que cualquier actividad, hoy por hoy, se rige plenamente por el marco legal vigente, en todo aspecto: penal, laboral, tributario, civil, entre otros.
“En todo caso, si surgiera un asunto de relevancia pública, será el análisis de impacto regulatorio el que permitirá determinar la manera más adecuada de enfrentarlo y en la forma más eficaz, análisis ausente en los ejemplos anteriormente citados”, explicó.
En vez de percibirla como un riesgo, para Comex es momento de que las autoridades se den cuenta de la gran oportunidad que les generará el uso de la tecnología y cómo los actores de la economía digital podrían convertirse en importantes aliados para el diagnóstico y solución de problemas tanto cotidianos como estructurales.
