Las agencias de viajes, tour operadoras, profesionales y empresarios turísticos agrupados en una Coordinadora Nacional frente al desastre ecológico producido por el derrame de 6,000 barriles de petróleo en Ventanilla, señalaron que este hecho representa un “delito ambiental” por la negligencia de la empresa Repsol, que debe asumir el pago de las multas e indemnizaciones correspondientes.
Los representantes del sector privado de turismo también advirtieron la grave afectación a la imagen turística del Perú. “Este daño ocasionado al medioambiente, que ha causado asombro y preocupación alrededor del mundo, afecta directamente en la opinión de los potenciales turistas respecto a un destino que no protege su naturaleza y que, sumado a las nuevas variantes del Covid-19, afectarán nuestra recuperación, hasta ahora muy debilitada”, señalaron.
Afirmaron que la catástrofe ocasionada por Repsol debe ser catalogada como “Delito Ambiental”, al haber producido un desastre ecológico en más de 30 Km. de nuestra costa, desde Ventanilla en el Callao hasta el norte chico y prolongándose hasta Chimbote.
“El daño ecológico producido por este detrimento en el mar costeño ha afectado directamente la fauna silvestre, los recursos hidrobiológicos, las reservas naturales y a miles de personas dedicadas especialmente a la pesca artesanal, a la gastronomía y al turismo, quienes han perdido sus medios de ingreso familiar”, manifestaron los 21 empresarios turísticos que conforman la Coordinadora Nacional.
Lamentaron seriamente las respuestas de Repsol, tratando de desconocer toda responsabilidad y al proporcionar información falsa, así como la ausencia de un eficiente plan de contingencia y de riesgos ante un hecho de tal magnitud y la falta de sensibilidad de la empresa frente a la comunidad afectada.
“Solicitamos la inmediata agilización de las medidas técnicas más adecuadas, para poner en acción el plan de contingencia con los equipos y personal capacitado para tal fin y evitar que el derrame se siga extendiendo y prolongando la expansión de la mancha de petróleo crudo, hasta otras ciudades del litoral norteño”, expresaron los empresarios en un comunicado.
Asimismo, solicitaron que se denuncie a Repsol por el grave delito ambiental cometido, se exija el pago de las multas e indemnizaciones correspondientes y la revisión de los contratos realizados. Adicionalmente, que se revise la normativa legal existente y se realice una auditoría sobre las limitaciones existentes que tienen en la actualidad los organismos reguladores.
“Demandamos modificar la actual disposición que favorece a las empresas, al permitir que los gastos que realice para compensar los daños causados sean considerados como ‘gasto social’, y que le permite deducirlos de sus gastos imponibles a la renta; es decir, al final lo paga el gobierno, o sea lo pagamos todos los peruanos”, indica el comunicado empresarial.
Finalmente, invocan a revisar el daño por la desforestación permanente que se da en nuestra Amazonia por derrames de hidrocarburos y por la minería ilegal, “que es altísimo y que poco o nada se hace por impedirlo”.
“Solicitamos que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) realice la evaluación del daño que esta catástrofe ecológica genera al turismo y que este cálculo se sume a lo que el Ministerio del Ambiente (Minam) estará realizando para la denuncia contra Repsol por los daños ocasionados”, puntualiza el comunicado.
*A continuación, la lista de los empresarios agrupados en la Coordinadora Nacional frente al desastre ecológico:
