Por: Fernando Calderón,
Presidente de la Asociación Nacional de Juegos de Azar (SONAJA)
En el Perú, pocas actividades económicas formales cargan todavía con tantos prejuicios como la industria de los juegos de azar y las apuestas deportivas. Se habla con frecuencia de sus riesgos, pero no siempre con la misma fuerza de su regulación, de su capacidad para generar empleo, de su aporte tributario ni de los controles que cumple para operar dentro de la ley.
Desde la Sociedad Nacional de Juegos de Azar creemos que el país necesita mirar este sector con más evidencia y menos estigma. La formalidad no debe entenderse sólo como una condición administrativa, sino como una garantía para el usuario, para el Estado y para la sociedad. En una región donde muchas economías aún enfrentan altos niveles de informalidad, el Perú ha avanzado en construir un marco regulatorio que permite diferenciar con claridad a quienes cumplen la ley de quienes operan al margen de ella.
Ese punto es central. Un operador formal invierte, paga impuestos, genera puestos de trabajo directos e indirectos, cumple obligaciones laborales, se somete a fiscalización permanente y aplica protocolos de prevención. Un operador ilegal, en cambio, no protege al consumidor, no contribuye al país y debilita la confianza en una actividad que, bien regulada, debe ser entendida como entretenimiento adulto, seguro y responsable.
El Perú Gaming Show 2026 permitió poner sobre la mesa una conversación necesaria: el juego responsable no puede ser un mensaje decorativo ni una frase de campaña. Debe formar parte de la cultura de la industria. Apostar o participar en actividades de juego debe entenderse siempre como entretenimiento, nunca como una fuente de ingresos, una salida económica o una forma de recuperar pérdidas.
Nuestro sector no niega que existen riesgos. Sería irresponsable hacerlo. Pero también sería injusto desconocer que el país cuenta con herramientas concretas para prevenirlos. El Registro de Ludopatía del Mincetur, con más de cuatro mil personas inscritas a nivel nacional, demuestra que existe un mecanismo oficial de protección para quienes deciden autoexcluirse o requieren una medida de resguardo familiar. Esta herramienta permite que los operadores formales impidan el acceso o participación de quienes han solicitado dicha protección.
La prevención, sin embargo, no depende solo de una norma. Requiere capacitación permanente, tecnología, comunicación clara y personal preparado para actuar con empatía. Los operadores deben identificar señales de alerta, orientar adecuadamente al usuario y promover límites de tiempo y presupuesto. También deben reforzar la protección de menores de edad desde las familias mediante la supervisión de los padres y adultos, y de lado de la industria con la validación de identidad, revisión documental y protocolos estrictos de acceso, tanto en espacios físicos como en plataformas digitales.
En el entorno online, este desafío es aún más relevante. Las plataformas reguladas deben apoyarse en herramientas tecnológicas para verificar usuarios, activar límites, suspender sesiones y detectar patrones de riesgo. Esa es precisamente la diferencia entre una industria formal y una oferta clandestina: la formalidad deja trazabilidad, exige responsabilidad y permite fiscalización.
Pero además de regulación, esta industria genera valor económico y social. Detrás de cada sala autorizada, plataforma regulada o empresa proveedora hay trabajadores, familias, inversión tecnológica, servicios conexos, seguridad, entretenimiento, turismo y actividad comercial. Hablar de juegos de azar en el Perú también es hablar de empleo formal y de oportunidades para miles de personas que forman parte de una cadena productiva más amplia.
El riesgo con el Estado es, que a pesar de los beneficios que se generan en este sector, no se analiza las normas tributarias que son desproporcionales y antitécnicas como el Impuesto Selectivo al Consumo. Esto atenta directamente contra la industria formal y regulada, con el riesgo de generar informalidad. Escuchar a los operadores autorizados por el propio Estado, analizar la afectación de un esquema impositivo mal diseñado y dictar normas eficientes y constitucionales también es Juego Responsable.
El reto hacia adelante es seguir elevando los estándares. El juego responsable es, finalmente, una expresión de madurez sectorial. Una industria que reconoce sus riesgos los gestiona con seriedad y aporta al desarrollo del país consecuentemente merece ser evaluada con equilibrio. Cuando la formalidad se fortalece, no solo gana un sector: Gana el Perú.
