El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín ordenó la suspensión inmediata del cobro del peaje en la unidad de Conchán, administrada por la empresa Rutas de Lima S.A.C., al declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus presentada por la Municipalidad de Lurín.
Así lo informó el alcalde de Lurín, Juan Marticorena Pérez, quien señaló que la sentencia sostiene que el cobro del peaje vulneraba el derecho al libre tránsito de los vecinos del distrito.
“Nos alegra que se haya escuchado la voz de los vecinos. Este es el primer habeas corpus que presentamos en marzo de 2024 y ha sido exitoso, a diferencia de los 39 anteriores desde 2019 que fueron desestimados”, declaró el burgomaestre en entrevista con Canal N.
Marticorena explicó que uno de los argumentos más contundentes del fallo fue la constatación judicial de que un vecino podía tardar hasta una hora con 48 minutos para evitar el peaje de Conchán, tomando rutas alternas no idóneas y con alto nivel de tráfico. Esto fue verificado durante inspecciones realizadas en 2023 y 2024.
“Era desproporcionado. Un ciudadano que quería llegar de Lurín a la playa San Antonio debía atravesar media ciudad. Eso no es libertad de tránsito”, subrayó el alcalde.
Sin embargo, el juzgado no declaró fundados los habeas corpus que buscaban suspender los peajes de Arica y San Pedro. La jueza argumentó que, en esos casos, no se acreditó plenamente la desproporcionalidad ni la falta de rutas alternas eficientes.
Marticorena anunció que apelarán esa parte de la sentencia. “La alegría es medida. Tenemos dos días para apelar y vamos a insistir, porque esas rutas alternas tampoco son viables. Lo sabe cualquier vecino que use la antigua Panamericana”, aseguró.
RUTAS DE LIMA
Por su parte, la concesionaria Rutas de Lima S.A.C. rechazó de manera categórica la resolución del juzgado de Lurín que suspende el cobro del peaje en Conchán y denunció una sistemática campaña de hostigamiento en su contra.
“Esta resolución judicial forma parte de una campaña sistemática de hostigamiento judicial, mediático y político impulsada por el Estado peruano, incluyendo principalmente la Municipalidad Metropolitana de Lima y su alcalde, a la que se han sumado otras autoridades, como la Defensoría del Pueblo. Nuevamente, ignorándose los cauces institucionales y contractuales, la referida sentencia vulnera las garantías a la inversión privada y socava gravemente la seguridad jurídica que debe primar en el país”, indicó.
En un comunicado, la empresa señaló que, pese a ello, ha procedido a acatar la suspensión del cobro del peaje en la unidad de Conchán, que tiene una antigüedad de más de 20 años.
