El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por 73 trabajadores del hotel Machu Picchu Sanctuary Lodge contra el Gobierno Regional del Cusco (GORE).
Los empleados buscaban frenar la culminación del contrato de usufructo que la empresa Perú Belmond Hotels mantenía con el GORE Cusco desde 1995, por considerar que dicha medida afectaba directamente su derecho constitucional al trabajo.
Como se sabe, el GORE Cusco, propietario del inmueble, decidió no renovar el contrato de usufructo que vence el próximo 16 de mayo, fecha límite para que la empresa entregue el control del hotel.
Los trabajadores alegan que esta decisión pone en riesgo su fuente de empleo, ya que el Gobierno Regional aún no ha definido ni licitado a un nuevo operador del establecimiento.
Los demandantes solicitaron al juzgado que se declarara el cese de la “grave amenaza cierta e inminente” al derecho al trabajo y se ordenara al GORE Cusco adoptar medidas temporales para garantizar su continuidad laboral, como permitir que Belmond siga operando el hotel mientras se elige un nuevo concesionario.
Ellos argumentaron que la medida vulnera su derecho al trabajo consagrado en la Constitución y que el GORE Cusco no tomó en cuenta la continuidad operativa ni la estabilidad de las relaciones laborales vigentes.
No obstante, en una sentencia emitida este miércoles 16 de abril del 2025, la jueza Fanny Lupe Pérez Carlos resolvió que los demandantes no tienen legitimidad activa para presentar una demanda constitucional de amparo sobre un contrato en el que no son parte directa. Indicó que el contrato de usufructo celebrado entre el Gobierno Regional del Cusco y Perú Belmond Hotels S.A. es un vínculo estrictamente entre dichas entidades y que cualquier controversia debe resolverse entre ellas.
Además, enfatizó que, aunque los trabajadores sí tienen un vínculo laboral con Belmond, no pueden trasladar una controversia civil-contractual al ámbito constitucional. En consecuencia, la jueza declaró la demanda improcedente y ordenó el archivo del caso sin imponer costas ni costos procesales.
El portal Cusco Post sostuvo que esta resolución judicial no solo afecta directamente a decenas de trabajadores cusqueños que, a menos de un mes del vencimiento del contrato, desconocen su futuro laboral, sino que también reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado en procesos de transición contractual en zonas de alto valor turístico y cultural como Machu Picchu.
Expertos señalan que el Gobierno Regional del Cusco pudo haber previsto un mecanismo de continuidad operativa para evitar una eventual paralización del servicio hotelero o demanda del Sanctuary Lodge y la afectación de empleos.
A la fecha de cierre de este informe, no se ha anunciado si los trabajadores apelarán la decisión judicial. En paralelo, se desconoce si el GORE Cusco ha iniciado formalmente el proceso de licitación para seleccionar un nuevo operador del hotel.
