El acceso principal al distrito de Ollantaytambo, en Cusco, fue cerrado desde las 08:30 horas del 13 de abril por la calle Cien Ventanas, en cumplimiento de una ordenanza de la Municipalidad Distrital. La medida regirá por ocho meses, periodo durante el cual el ingreso se realizará por la Vía de Evitamiento.
Ante esta situación, actores públicos y privados del sector turismo alertaron sobre riesgos para visitantes y población local, debido a la ausencia de un plan operativo concertado por parte de la autoridad municipal.
En una reunión de articulación participaron representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la Comisaría Sectorial de Ollantaytambo, Serenazgo, la Cámara Regional de Turismo de Cusco (Cartuc), la Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo e Inca Rail. En dicho espacio se identificaron 12 puntos críticos que requieren presencia permanente de efectivos policiales y personal de serenazgo.
El comisario PNP de Ollantaytambo informó que se necesitan al menos diez efectivos adicionales para cubrir estos puntos. Por su parte, el jefe de Serenazgo indicó que aún no se ha habilitado un estacionamiento adecuado para el desembarque de visitantes, y que el plan municipal contemplaba un paso a desnivel que aún no existe.
Desde el Mincetur se señaló que “un plan operativo no puede considerar condiciones inexistentes”, y que debió elaborarse en función de la situación actual del territorio.
Asimismo, el presidente de Cartuc solicitó la participación de las áreas de turismo de la municipalidad distrital y del Gobierno Regional de Cusco para brindar facilitación turística, advirtiendo que la señalización es deficiente y que los visitantes requerirán orientación hacia el parque arqueológico, la estación ferroviaria y otros puntos de interés.
Durante una inspección de la nueva ruta se evidenciaron diversos riesgos, como falta de señalización, ausencia de barreras de contención en zonas cercanas al río Vilcanota, un cruce a nivel sobre la vía férrea y rompemuelles de tierra no señalizados. En ese sentido, se solicitó la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Los actores involucrados exhortaron a las autoridades nacionales, regionales y locales a intervenir de manera inmediata, señalando que la situación compromete la seguridad de ciudadanos y turistas, así como el normal desarrollo de las actividades económicas en el principal acceso a Machu Picchu.
