La Asociación de Operadores Oficiales de la Red de Camino Inca (ASOORCIC) expresó su preocupación por los resultados del Informe N° 000692-2026-UA, elaborado por la Unidad de Administración de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco, que reveló que durante 2025 una sola agencia generó más de 88 mil reservas de boletos a Machu Picchu y dejó más de 86 mil sin pagar.
El gremio, que señala representar al 40% de las empresas de turismo autorizadas para operar el Camino Inca, sostuvo que este patrón bloqueó el aforo real, perjudicó a turistas y operadores formales y continuó durante 2026.
Ante esta situación, ASOORCIC exigió a la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur) de Cusco aplicar sanciones, inhabilitación y revocación inmediata de las licencias de funcionamiento de las agencias que considera infractoras.
Asimismo, solicitó que la Procuraduría Pública demande una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el Estado y por la afectación al patrimonio y la economía regional. En el ámbito penal, pidió la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos respecto de las empresas detectadas en el informe de la DDC Cusco.
ASOORCIC cuestionó también que la respuesta se limite a publicar una relación de agencias y demandó que la DDC Cusco explique cuándo detectó estas conductas, qué alertas fallaron y por qué, según el gremio, no se aplicaron bloqueos preventivos durante 2025 e inicios de 2026.
Además, consideró que debe investigarse si existió negligencia, omisión de funciones o complicidad interna de servidores públicos encargados de administrar, monitorear y fiscalizar el sistema de boletaje.
“Es inaceptable limitar la respuesta a publicar una lista de agencias. La DDC Cusco debe explicar públicamente cuándo detectó esta conducta, qué alertas fallaron y por qué permitió que este esquema de acaparamiento operara durante todo 2025 e inicios de 2026 sin aplicar bloqueos preventivos, La responsabilidad no agota su curso en las empresas privadas. Corresponde investigar si existió negligencia, omisión de funciones o complicidad interna por parte de los servidores públicos encargados de administrar, monitorear y fiscalizar el sistema de boletaje”, señala el comunicado.
En materia tecnológica, la asociación planteó implementar una plataforma con seguimiento de datos en tiempo real, límites estrictos a las reservas no pagadas, cancelación automática e inmediata, trazabilidad por operador e identificación obligatoria.
También propuso evaluar un modelo de gestión tecnológica profesionalizada, incluso mediante un gestor privado especializado, manteniendo la titularidad, rectoría y fiscalización del Estado y garantizando estándares de seguridad cibernética.
Finalmente, ASOORCIC sostuvo que recuperar la confianza de los viajeros internacionales y nacionales requiere controles eficientes y una óptima administración del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu.
