Diversos gremios empresariales y representantes de sectores productivos del país expresaron su respaldo a las medidas de seguridad implementadas para proteger el Centro Histórico de Lima ante las movilizaciones anunciadas en el marco del actual proceso electoral.
A través de un pronunciamiento público, los firmantes manifestaron su apoyo a las acciones impulsadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, liderada por el alcalde Renzo Reggiardo, orientadas a preservar el orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los bienes públicos y privados.
Asimismo, exhortaron al Gobierno Central, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y a las demás autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad de la población durante este periodo.
En el documento, los empresarios señalaron que la seguridad constituye una condición indispensable para el desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar de millones de familias peruanas. Por ello, consideraron fundamental que las autoridades aseguren la protección del Centro Histórico de Lima, de los establecimientos comerciales, de la infraestructura pública y privada, así como del patrimonio cultural de la Nación.
El pronunciamiento destaca además la necesidad de evitar actos de violencia, vandalismo o cualquier afectación a los derechos de terceros que pudiera producirse durante las movilizaciones.
Los firmantes reconocieron igualmente la importancia del derecho constitucional a la libre expresión y a la manifestación pacífica. Sin embargo, señalaron que dicho derecho debe ejercerse con respeto al orden democrático, a la propiedad pública y privada, al libre tránsito de los ciudadanos y al normal desarrollo de las actividades económicas.
De igual manera, saludaron las acciones preventivas y los planes de seguridad implementados por la Municipalidad Metropolitana de Lima para resguardar la integridad de las personas y garantizar la continuidad de las actividades económicas.
Finalmente, expresaron su disposición a colaborar con las autoridades en iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad, la convivencia pacífica y la estabilidad necesarias para el desarrollo del país.
El pronunciamiento concluye con un llamado a los actores políticos y sociales a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto por las instituciones democráticas, privilegiando el diálogo y la paz social como mecanismos para resolver diferencias y evitar situaciones que generen incertidumbre, violencia o perjuicios a la ciudadanía.
