El Poder Judicial dispuso que continúe el proceso de amparo presentado contra el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras una decisión de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Según informó El Comercio, el tribunal revocó una resolución previa de primera instancia que había declarado improcedente la demanda interpuesta por el Consejo de Promoción y Desarrollo del Turismo de Lima (Proturismo) y ordenó que el caso sea evaluado en su fondo por el juzgado constitucional correspondiente.
La acción judicial busca que se declare nula la Adenda N° 6 del contrato de concesión del aeropuerto, firmada en 2013 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP), en lo relativo al cobro de la TUUA a pasajeros en conexión internacional.
Con esta decisión, el expediente regresa al 9° Juzgado Constitucional de Lima, que deberá analizar la legalidad del cobro y resolver el amparo presentado.
El cobro de la TUUA de transferencia en el Jorge Chávez se implementó el 7 de diciembre de 2025, aplicándose a pasajeros internacionales en conexión con una tarifa de US$ 11,86. Desde su entrada en vigor, se han reportado cancelaciones de rutas internacionales, mientras que el 2 de junio el MTC y LAP firmaron la Adenda N° 9, que eliminó el cobro para conexiones nacionales, pero mantuvo la tarifa para vuelos internacionales hasta 2041.
Proturismo sostiene que el cobro ha tenido efectos negativos en el tráfico aéreo, citando datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que registró en abril una caída interanual del 0,50% en el tráfico internacional de pasajeros.
En paralelo al proceso de amparo, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional del Perú (AETAI) presentó una Acción Contencioso-Administrativa contra la resolución de Ositran que fijó la TUUA de transferencia. El recurso cuestiona la metodología utilizada para el cálculo de la tarifa y señala que se habrían aplicado criterios inadecuados sin una fiscalización independiente de la información proporcionada por el concesionario.
Ambos procesos continúan en trámite ante el Poder Judicial, en un contexto de debate sobre la legalidad y el impacto del cobro de la TUUA de transferencia en la conectividad aérea del país.
