Contrario a la opinión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur) y la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo e Interno del Perú (Asotur) han expresado su rechazo al Proyecto de Ley N° 8637-2024-CR, que propone exonerar del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las agencias de viajes y empresas de transporte turístico terrestre que brindar servicios a turistas nacionales.
Dicha iniciativa legislativa busca promover la formalización administrativa y tributaria de las micro y pequeñas empresas de ambos rubros, lo que ha sido puesto en duda por ambos gremios.
En opinión enviada a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, que evalúa el proyecto de Ley, Apotur y Asotur expresan su preocupación debido al potencial impacto en el sector formal. Consideran que la medida incrementaría la informalidad y afectaría negativamente al sector.
PRINCIPALES MOTIVOS DE OPOSICIÓN
Ambas asociaciones coinciden en que la iniciativa legislativa, en lugar de contribuir a la formalización del sector, podría empeorar la situación actual.
Según Apotur, el proyecto de ley beneficiaría principalmente a las empresas de transporte informal, que operan sin licencias ni permisos adecuados. Estas empresas, a través de la exoneración del IGV, encontrarían una excusa para continuar operando sin cumplir con los requisitos de formalidad, como la emisión de boletas o facturas, lo que complicaría aún más la situación en un sector donde ya prevalece la informalidad.
Por su parte, Asotur señala que el transporte turístico es un sector donde abundan las empresas informales que operan bajo el disfraz de transporte turístico, pero sin cumplir con las regulaciones necesarias. En lugar de promover la formalización, advierten que esta ley abriría las puertas a más empresas para seguir evadiendo impuestos, utilizando la exoneración como una herramienta para evitar el pago de tributos y las responsabilidades laborales y administrativas.
CRÍTICAS A LA OPERATIVIDAD DE LA LEY
Uno de los puntos más criticados por ambas asociaciones es la operatividad de la medida, en particular la exigencia de realizar los pagos exclusivamente a través del Banco de la Nación.
Apotur señala que esta disposición es poco práctica para los turistas, quienes se verían obligados a realizar transacciones únicamente a través de una entidad estatal, lo que complicaría el proceso de compra de servicios turísticos. Además, consideran que los transportistas informales, que ya operan fuera del marco legal, no cambiarán su comportamiento solo porque no se les cobrará el IGV.
Además, Asotur destaca que, aunque la ley menciona a las agencias de viajes, estas son intermediarias de grandes proveedores como aerolíneas, hoteles y operadores de tours, quienes ya incluyen el IGV en sus tarifas. Esto genera un problema operativo, ya que el IGV de los servicios seguirá reflejado en los costos, lo que contradice la exoneración que se aplicaría a las agencias.
IMPACTO NEGATIVO EN EL SECTOR FORMAL
Para ambos gremios, el principal efecto de esta ley sería el fomento de la informalidad en el sector turístico. Apotur advierte que, con esta medida, las empresas informales que ya operan al margen de la ley encontrarán nuevas formas de eludir responsabilidades tributarias y legales. Esto afectaría a las empresas formales que cumplen con todas las obligaciones fiscales y que ya enfrentan una competencia desleal de parte de aquellas que no pagan impuestos ni respetan las normativas vigentes.
En la misma línea, Asotur enfatiza que el sector aún no se ha recuperado completamente de los efectos de la pandemia de Covid-19 y los conflictos sociales que afectaron al país en los últimos años. En lugar de promover una recuperación sólida del sector formal, creen que la ley provocará mayor caos en un momento en que el turismo peruano requiere estabilidad y apoyo para su recuperación.
En resumen, tanto Apotur como Asotur concluyen que el Proyecto de Ley N° 8637/2024-CR no aportará beneficios significativos al sector turístico formal y, por el contrario, podría aumentar la informalidad en las actividades de transporte y turismo. Ambas asociaciones instan a las autoridades a reconsiderar la medida y a enfocarse en mecanismos que promuevan verdaderamente la formalización del sector, sin incentivar prácticas que podrían perjudicar la ya frágil recuperación del turismo en Perú.
*Para más información, descarga el Proyecto de Ley N° 8637-2024-CR:
PROYECTO DE LEY N° 8637-2024-CR
