El alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera, anunció la fiscalización inmediata de las empresas San Antonio de Torontoy y Consettur, responsables del servicio de transporte turístico en la ruta Hiram Bingham, que conecta Machupicchu Pueblo con la ciudadela inca.
La medida se dispuso tras el vencimiento del plazo de suspensión del contrato entre ambas empresas, en el marco del plan de transición supervisado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Perú21 informó que persistía la incertidumbre en Machu Picchu Pueblo debido a que el plan de contingencia para el transporte turístico aún no había entrado en vigencia, pese a haber sido aprobado hace varias semanas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Según PeruRail, la empresa San Antonio de Torontoy —que obtuvo la buena pro en septiembre— no había completado la llegada de sus buses a la zona, lo que impidió el inicio del servicio compartido previsto con Consettur, el operador saliente.
El plan de contingencia debía garantizar la continuidad del servicio de buses en la ruta Hiram Bingham con una operación compartida al 50 % entre ambas empresas, mientras se define la nueva concesión. Sin embargo, el retraso en su implementación paraliza la venta de boletos oficiales en la nueva plataforma
“La oficina de tránsito se encuentra en Machu Picchu verificando las operaciones. Si San Antonio de Torontoy no inicia el servicio, se aplicarán las penalidades correspondientes. Y si Consettur sigue operando sin cumplir las disposiciones, se procederá a la incautación de sus vehículos”, advirtió el alcalde Vera.
El burgomaestre explicó que el proceso de licitación del nuevo servicio turístico ya se encuentra publicado en el portal de transparencia de la municipalidad y está en evaluación técnica, a la espera del informe de compatibilidad del Sernanp. “Esperamos recibir ese informe esta semana para presentarlo a la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM) y culminar el proceso entre diciembre y enero”, indicó.
Vera recordó que el plan de contingencia aprobado por la PCM establece que ambas empresas deben operar con 50% de sus unidades cada una mientras se implementa la transición.
