La empresa Consettur Machupicchu S.A.C. se pronunció públicamente luego de que la Municipalidad Provincial de Urubamba declarara la nulidad del contrato suscrito con Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Toronto S.A. (SAT) para la operación temporal del servicio de transporte en la ruta Machupicchu Pueblo – Puente Ruinas – Llaqta de Machupicchu.
Según informó Consettur, tras el vencimiento de su contrato de concesión, la municipalidad optó por un proceso de selección no competitivo, otorgando la buena pro a SAT para la implementación de un denominado “Plan de Contingencia” por un periodo de cuatro meses.
La empresa sostuvo que, pese a haber advertido oportunamente su disposición para garantizar la continuidad del servicio, el contrato con la nueva operadora fue suscrito el 18 de septiembre de 2025.
En el comunicado, Consettur señaló que las deficiencias de la empresa adjudicataria fueron detectadas desde el inicio, situación que motivó la intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). De acuerdo con la empresa, la PCM advirtió la inviabilidad del servicio debido a la falta de infraestructura complementaria y la inexistencia de un instrumento de gestión ambiental que garantizara el inicio de operaciones.
Como resultado de esta intervención, el 20 de septiembre de 2025 se suscribió un acta que autorizó a SAT y a Consettur a elaborar y ejecutar conjuntamente el Plan de Contingencia, mientras la municipalidad debía llevar adelante el proceso de licitación conforme a ley. En ese marco, ambas empresas firmaron convenios para cumplir con el compromiso asumido.
Consettur indicó que, en cumplimiento de dichos acuerdos, retiró cuatro unidades de su flota para permitir el ingreso de buses arrendados por SAT.
Sin embargo, afirmó que estos no cumplían con los estándares mínimos del servicio, especialmente en lo referido a equipos de radiocomunicación para la seguridad de los pasajeros. Añadió que, pese a estas observaciones, la empresa adjudicataria logró incorporar más unidades, alcanzando una flota de ocho buses, los cuales calificó como inapropiados.
Asimismo, la empresa sostuvo que SAT no acreditó el personal mínimo requerido para la operación del servicio, estimado en al menos 40 personas entre conductores, mecánicos y personal de seguridad, situación que —según indicó— se mantuvo hasta antes de la declaración de nulidad del contrato.
En contraste, Consettur afirmó que ha continuado prestando el servicio de manera ininterrumpida, contando con infraestructura instalada, flota operativa, personal capacitado e instrumento de gestión ambiental vigente, además de cumplir con las obligaciones económicas asumidas para evitar nuevos conflictos sociales que afecten la imagen de Machu Picchu.
Finalmente, la empresa cuestionó el proceso de selección impulsado por la municipalidad, al considerar que la solución adoptada generó mayores problemas, e invocó a la autoridad provincial a garantizar la continuidad del servicio mientras se desarrolla un proceso de licitación “adecuado y transparente”.
También exhortó a la PCM y a las autoridades competentes del Santuario Histórico de Machu Picchu a no adoptar soluciones improvisadas que pongan en riesgo el principal atractivo turístico del país.
