El reciente anuncio del Gobierno Regional del Cusco sobre su intención de no renovar la concesión del hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu y asumir su administración directamente sería inconstitucional y ha generado una ola de preocupación en diversos sectores, afirmó ComexPerú.
Sostuvo que esta decisión no solo restringe la inversión privada que contribuye al desarrollo económico y al incremento del turismo en la región, también contraviene el principio constitucional del rol subsidiario del Estado en la economía.
“El hotel, ubicado en un lugar privilegiado a las puertas de la ciudadela inca, ha sido un actor clave en la oferta turística de alta gama en el Perú. Gracias a la inversión privada, ha logrado mantener estándares internacionales de calidad, generar empleo, atraer a turistas de alto poder adquisitivo y promover la marca Perú como destino de lujo. El impacto positivo en la economía local es innegable, con beneficios que van desde el impulso a proveedores locales hasta el incremento en la recaudación fiscal”, explica el gremio.
Por tanto, considera que la intención del GORE Cusco de administrar el hotel directamente no solo despierta dudas sobre su viabilidad operativa, sino que sería inconstitucional.
“La Constitución establece el principio de subsidiariedad del Estado en la economía, lo que significa que solo puede intervenir en actividades empresariales cuando el sector privado no esté en condiciones de hacerlo, lo cual claramente no es el caso. Existen operadores privados con la capacidad y experiencia necesarias para gestionar este tipo de establecimientos de manera eficiente y rentable, algo que el Estado ha demostrado no poder hacer de manera sostenible en el pasado”, refirió ComexPerú.
Recordó que el historial de los hoteles de turistas administrados por el Estado en el Perú es una muestra de las dificultades que enfrenta el sector público en la gestión hotelera. Durante décadas, estos hoteles se caracterizaron por la ineficiencia, el deterioro de infraestructura y el mal servicio, lo que los hizo inviables como negocios sostenibles. Fue precisamente esta mala experiencia la que llevó a su privatización, con resultados ampliamente positivos en términos de calidad y rentabilidad.
“Pretender que el Gobierno Regional de Cusco asuma la administración del hotel es un retroceso que afectaría gravemente la imagen de Machu Picchu como destino turístico de primer nivel. Basta con ver el estado en que se encuentra el hotel de turistas del Cusco”, advirtió.
El gremio señala que, en lugar de estatizar la operación hotelera, lo que se requiere es garantizar un proceso de concesión transparente y competitivo que asegure que el mejor postor, con la mejor propuesta de servicio y desarrollo sostenible, continúe con la operación del hotel. En el mismo sentido se ha pronunciado el Colegio de Abogados del Cusco.
Como se sabe, un fallo judicial ya ha ordenado al Gobierno Regional de Cusco que se abstenga de realizar acciones que afecten el derecho al trabajo de los empleados del hotel, por lo que dispone que el hotel debe continuar bajo la administración actual hasta que se adjudique una nueva concesión.
GOBERNADOR INISISTE
El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, insistió que la concesión del hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu culminará el 16 de mayo. Ratificó que no cederá a ninguna renovación de contrato planteada por la empresa Perú Belmond Hotels S.A., operadora del inmueble turístico.
Salcedo Álvarez que el proceso de concesión del hotel rige desde 1995 por un plazo de 20 años, luego hubo una ampliación del contrato mediante adenda en 2015 por otros 10 años. “El contrato es ley para las partes y la renovación solo se puede hacer hasta por 30 años”, anotó.
El mandatario de la región, explicó que no puede reconocer ninguna ampliación de plazo por pandemia y convulsiones sociales que no se pusieron de conocimiento en su debida oportunidad. Tampoco, dijo, se puede reconocer derechos laborales de trabajadores del sector privado.
