Iniciamos el 2026 con la promesa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de alcanzar este año los niveles prepandemia (seguimos 20% por debajo). Sin embargo, la realidad revela serias deficiencias en la gestión pública sectorial, que van mucho más allá de los discursos optimistas y las proyecciones coyunturales.
La más evidente —y preocupante— es la reciente decisión de extender la vigencia del Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) 2025, un documento elaborado hace casi diez años, con metas claramente incumplidas, debido a una razón difícil de justificar: el Perú no cuenta aún con una Política Nacional en Turismo actualizada y aprobada. Pero aún, no hay reglamento para la nueva Ley General de Turismo N° 32392.
El hecho no es menor. El PENTUR 2025 fue concebido en un contexto completamente distinto al actual. Planteó metas ambiciosas —8 millones de turistas internacionales, US$ 9 mil millones en divisas, 63 millones de viajes por turismo interno y más de 1,5 millones de empleos— que hoy, a todas luces, no se alcanzaron en los plazos previstos, debido principalmente a la pandemia que frenó todo. Pese a ello, en lugar de cerrar el ciclo, evaluar resultados y plantear una nueva hoja de ruta, el Estado opta por una prórroga administrativa.
El argumento oficial es que la nueva Política Nacional en Turismo aún está en proceso de elaboración. Sin embargo, este proceso se inició formalmente en mayo de 2024. Han pasado más de diecinueve meses y el propio Mincetur reconoce que el principal instrumento rector del sector sigue inconcluso.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica una demora de esta magnitud en un sector que ha sido declarado de interés nacional y prioritario para el desarrollo del país, tanto en la nueva Ley 32392 (aún sin reglamento) y en la anterior Ley 29408?
El problema no es técnico. Información, diagnósticos y evaluaciones existen de sobra. El problema es político y de gestión.
La Política Nacional en Turismo implica tomar decisiones complejas: ordenar el territorio, definir prioridades de inversión, enfrentar la informalidad, establecer responsabilidades claras y exigir resultados. Y todo indica que esas decisiones se han venido postergando.
Atribuir esta demora a la burocracia de CEPLAN o a extensos procesos de socialización no resulta convincente. Diecinueve meses son suficientes para formular y aprobar una Política Nacional en un sector con diagnósticos e información técnica disponible. La participación es necesaria, pero no puede usarse como excusa para la inacción. Cuando los procedimientos se eternizan, el problema deja de ser técnico y pasa a ser de gestión y liderazgo.
Mientras tanto, el sector turismo continúa operando sin un marco estratégico de largo plazo plenamente vigente. Sin Política Nacional, no hay alineamiento real de presupuestos, ni articulación efectiva entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los locales. El resultado es un turismo que avanza por inercia, dependiendo más del esfuerzo privado que de una conducción pública coherente. Ahora se entiende por qué el Ejecutivo recortó el presupuesto de PromPerú.
Extender el PENTUR 2025 no es una señal de estabilidad ni de continuidad técnica. Es, más bien, la confirmación de un vacío de liderazgo y planificación. El turismo peruano, uno de los sectores con mayor potencial económico y social, inicia el 2026 sin una brújula clara y con un plan vencido en sus objetivos.
Si el país realmente aspira a recuperar y superar los niveles prepandemia, el primer paso no es prometer cifras, sino ordenar la casa. Aprobar la Política Nacional en Turismo ya no es una tarea pendiente: es una urgencia. Cada mes de demora profundiza la brecha entre el discurso oficial y la realidad del sector. ¿O será que están dejando esta tarea al nuevo gobierno?
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Juan Carlos Castro
Director de Turiweb
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