Provías Nacional, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informa que el proceso de contratación para el servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial que conecta las localidades de Kimbiri, Quillabamba y el Puente Hidroeléctrica Machu Picchu, en la región Cusco, se desarrolló conforme al marco normativo vigente y bajo estrictos criterios técnicos y legales.
Al respecto, la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila Moscoso, precisó que el concurso público internacional se viene desarrollando desde el año 2023, atravesando diversas etapas, postergaciones y evaluaciones técnico-administrativas propias de un proceso de esta magnitud.
Asimismo, indicó que las evaluaciones correspondientes al procedimiento vigente se iniciaron formalmente en marzo de 2025 y fueron conducidas por el comité de selección y el área usuaria competente, en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reglamentos.
Respecto al Consorcio Corredor Vial Santa Teresa, que inicialmente obtuvo la buena pro con una propuesta económica aproximada de S/ 257 millones, Provías Nacional informa que dicho postor incurrió en causales de descalificación automática durante la etapa de perfeccionamiento del contrato.
Según los informes técnicos emitidos por el área usuaria, el consorcio presentó observaciones sustanciales relacionadas con la estructuración de costos del servicio ofertado, las cuales fueron consideradas insubsanables conforme a las bases integradas del proceso y a la normativa aplicable.
En ese sentido, la pérdida de la buena pro respondió exclusivamente al incumplimiento de requisitos técnicos y administrativos por parte del referido consorcio y no a decisiones discrecionales de la Dirección Ejecutiva ni de la Oficina de Administración de Provías Nacional.
Conforme al orden de prelación establecido legalmente, correspondió convocar al segundo postor habilitado, el Consorcio KABSA, con quien se suscribió el contrato respectivo el pasado 16 de abril por un monto aproximado de S/ 264 millones.
No obstante, durante la fase previa al inicio de ejecución contractual, Provías Nacional determinó que el Consorcio KABSA no acreditó contar con la solvencia financiera ni con el respaldo económico exigido en los términos de referencia para la ejecución de una obra de esta envergadura.
La entidad identificó que el referido consorcio pretendía sustituir las garantías financieras exigidas mediante cartas fianza por un mecanismo de adelantos a través de un fideicomiso, solicitud que fue formalmente rechazada por Provías Nacional en salvaguarda de los recursos públicos y del cumplimiento de las condiciones contractuales.
Sobre este punto, la directora ejecutiva de Provías Nacional señaló que la política institucional de la entidad establece que no se financiarán proyectos ni se otorgarán adelantos a consorcios que no acrediten liquidez propia ni respaldo financiero suficiente para garantizar la correcta ejecución de las obras.
La entidad reafirma que esta decisión responde exclusivamente a criterios de prudencia técnica, responsabilidad administrativa y protección de los recursos del Estado, priorizando la transparencia y la sostenibilidad financiera de los proyectos de infraestructura vial.
Asimismo, Provías Nacional expresó su preocupación respecto al uso indebido de mecanismos judiciales para interferir en procesos de contratación pública. En particular, se ha tomado conocimiento de acciones constitucionales promovidas por empresas descalificadas que buscan suspender o alterar decisiones técnicas adoptadas conforme a ley.
En ese contexto, la entidad considera necesario que las autoridades competentes evalúen exhaustivamente la utilización de medidas judiciales “exprés” que podrían afectar la continuidad de proyectos estratégicos para el país y generar retrasos en inversiones públicas fundamentales para la conectividad nacional.
Provías Nacional ratifica finalmente su compromiso con la transparencia, la legalidad y la correcta administración de los recursos públicos, así como su plena disposición de colaborar con el Ministerio Público, los órganos de control y cualquier instancia competente en el marco de las acciones e investigaciones correspondientes.
