El Pleno del Congreso aprobó interpelar, el próximo jueves 4 de junio a las 10:00 a.m., al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, quien deberá responder un pliego de 20 preguntas relacionadas con la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económica Comercial entre Perú y Brasil.
La propuesta de la fecha y hora de presentación del ministro fue planteada por el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro. Fue aprobada con 63 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones.
Previamente, la Moción de Orden del Día 22132, impulsada por congresistas de las bancadas Somos Perú (SP), Alianza para el Progreso (APP), Bloque Democrático Popular (BDP) y otros grupos parlamentarios, fue admitida por 63 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones.
Entre los principales temas que deberá absolver el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) figuran los beneficios potenciales del acuerdo para las exportaciones peruanas, la integración económica bilateral y el impacto que tendría en distintas regiones del país, especialmente aquellas con posibilidades de fortalecer su intercambio comercial con Brasil.
Asimismo, el Congreso busca determinar si el tratado podría implicar riesgos para el Estado peruano en materias vinculadas a inversiones, arbitrajes internacionales, contratación pública o eventuales beneficios a empresas relacionadas con actos ilícitos.
El cuestionario también solicita información sobre la existencia de informes técnicos o jurídicos que sustenten la paralización del proceso, así como las acciones que adoptará el Ejecutivo para definir si el acuerdo será finalmente aprobado, renegociado o archivado.
Durante la sustentación de la moción, el congresista Eduardo Salhuana Cavides (bancada APP), uno de sus principales impulsores, recordó que el Perú y Brasil negociaron este acuerdo entre los años 2014 y 2016, en el marco de una relación bilateral de más de 200 años.
“Brasil ha cumplido con todo el procedimiento constitucional y remitió los expedientes al Perú para su correspondiente ratificación por el Congreso de la República. Sin embargo, desde esa fecha, los distintos gobiernos no han remitido este tratado al Legislativo para su debate y aprobación”, sostuvo.
Salhuana cuestionó, además, los argumentos planteados por el Ejecutivo respecto a presuntos riesgos vinculados a corrupción y al caso Lava Jato, señalando que el propio acuerdo contiene cláusulas sobre anticorrupción, lavado de activos, arbitrajes internacionales y restricciones para empresas con procesos judiciales o sospechas de actividades ilícitas.
El legislador destacó también el potencial económico y logístico que tendría el tratado para el país, considerando proyectos estratégicos como el tren bioceánico y la interconexión comercial entre Brasil, Perú y Asia.
