El congresista Wilson Soto Palacios denunció la presunta situación irregular en la que opera actualmente el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Oitrán), al no contar con su Consejo Directivo desde octubre de 2023.
“Esto ha generado una concentración de poder en la presidenta ejecutiva Verónica Zambrano Copello, quien viene adoptando decisiones unilaterales sin sustento colegiado”, advirtió el parlamentario.
Sostuvo que uno de los actos más cuestionados es la aprobación de la Resolución N° 041-2025-PD-OSITRAN, que fija una tarifa TUUA de US$ 7.07 para pasajeros en tránsito nacional en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. “Esta medida perjudica a miles de peruanos que, por la falta de vuelos directos entre regiones, se ven forzados a pasar por Lima”, afirmó.
“El país no puede tolerar que una entidad de esta magnitud opere sin su máximo órgano directivo, delegando todo el poder en una sola persona. Esta situación pone en riesgo la transparencia, la legalidad y los derechos de los ciudadanos”, expresó Soto.
Mediante el Oficio N° 01126-2024-2025-WSP-CR, el legislador solicitó formalmente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, que evalúe y corrija la situación irregular en la que opera actualmente Ositrán.
DENUNCIA ANTE FISCALÍA
El congresista Wilson Soto presentó hoy un oficio dirigido a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, solicitando la evaluación e investigación de presuntos actos delictivos cometidos en Ositrán.
En el documento, el parlamentario denuncia que la presidenta del Consejo Directivo de Ositrán, Verónica Zambrano, habría emitido resoluciones sobre materias que son competencia exclusiva del Consejo Directivo sin contar con el quórum reglamentario, incurriendo en presunta usurpación de funciones y aprobando decisiones de gran impacto económico para la ciudadanía de forma arbitraria e ilegal.
Entre los actos cuestionados, el congresista destaca:
- La Resolución N.° 003-2025-PD-OSITRAN, que interpreta cláusulas del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sin competencia para ello, y que habría servido de base para justificar una modificación contractual favorable a una empresa privada.
- La Resolución N.° 041-2025-PD-OSITRAN, mediante la cual se aprueba una Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de US$ 7.07 para pasajeros en vuelos de transferencia nacional, pese a que estos no utilizan los servicios aeroportuarios, contraviniendo los términos del contrato de concesión.
“Estas decisiones no solo representan una afectación directa al bolsillo de los peruanos, sino que atentan contra la legalidad y los intereses del Estado. No podemos permitir que desde un órgano regulador se tomen decisiones sin transparencia ni legitimidad”, expresó el congresista.
Soto invocó al Ministerio Público a iniciar las acciones legales correspondientes para defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos protegidos por la ley, en cumplimiento del mandato constitucional que asiste al Congreso.
Asimismo, recordó que el Proyecto de Ley 10911, de su autoría, busca prohibir expresamente el cobro del TUUA a pasajeros en tránsito, como medida concreta frente a este tipo de abusos regulatorios.
