El Ministerio de Cultura, por medio de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, manifestó su enérgico rechazo y condena ante la destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral.
Este patrimonio arqueológico se ubicaba en la Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo, situada en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo.
El bien afectado formaba parte del Patrimonio Cultural de la Nación, contaba con una antigüedad mayor a los 1000 años y representaba un testimonio clave sobre las sociedades prehispánicas de la costa norte peruana.
Especialistas del sector Cultura junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmaron que el geoglifo fue borrado intencionalmente mediante la remoción manual del terreno. Esta acción provocó la pérdida absoluta de la evidencia arqueológica vinculada al culto y manejo del agua.
El ataque ocurrió pocos días después de un operativo de recuperación extrajudicial coordinado con la Municipalidad Distrital de Laredo y la PNP, donde se retiraron construcciones ilegales y se desalojó a ocupantes informales de estos terrenos estatales.
La secuencia de los acontecimientos lleva a las autoridades a presumir que el atentado responde a una represalia contra las acciones de defensa del patrimonio estatal. Adicionalmente, durante la inspección posterior a la destrucción, se hallaron indicios que acreditarían la permanencia en el lugar de las mismas personas que habían sido retiradas días antes. Estos elementos de prueba serán derivados a las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables del daño irreparable.
La Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo abarca una extensión superior a las 1500 hectáreas inscritas a favor del Estado. Este espacio geográfico conserva evidencias de ocupación humana continua desde hace aproximadamente 11 000 años hasta el siglo XV d. C., lo que le otorga una alta relevancia para la investigación científica y la memoria histórica del país.
Ante este panorama, la institución estatal reportó que impulsará con celeridad todas las acciones administrativas, civiles y penales pertinentes para determinar las responsabilidades del caso. Finalmente, el sector exhortó a las autoridades de los distintos niveles de gobierno y a la ciudadanía civil a unificar esfuerzos logísticos para combatir activamente el tráfico ilegal de terrenos y resguardar el patrimonio cultural.
