Una grave denuncia hizo la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur) al señalar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de las Inversiones en Infraestructura de Transporte Público (Ositran) y el concesionario Aeropuertos del Perú (AdP) no poseen las facturas que sustenten los gastos de las inversiones hechas en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco.
Pedro Urtecho Ibáñez, consultor en Temas Aeroportuarios de Capatur, sostuvo que el aeropuerto de Pisco se construyó sin ningún control estatal por parte de Ositran, cuya inversión ascendió a 153 millones de dólares.
Recordó que la inversión estatal se efectuó a través de un cofinanciamiento de la modernización del terminal aéreo de Pisco, mediante el mecanismo establecido en el Contrato de Concesión como Certificados de Avance de Obra (CAO) y CPRAO, por instrucción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
En este sentido, precisó que los gastos en dicho proyecto fueron reembolsados por dicho mecanismo (CAO CRPAO) qué se sustentan en los avances mensuales de obra (valoraciones) establecidos en los Reportes de Avance de Obra (RAO) y los hitos alcanzados en cada CAO.
Urtecho Ibáñez hizo la consulta respectiva al organismo regulador, quien le respondió a través de una carta donde indica que “Ositran ni el MTC cuentan con las facturas solicitadas, dado que el procedimiento de reconocimiento y reembolso de la inversión de este proyecto no exigía la entrega de facturas por los gastos”.
“Es decir, no se le puede hacer una auditoría al aeropuerto de Pisco porque no existen las facturas; ni la Contraloría General de la República puede hacer una investigación debido a que no existen los documentos que, según el contrato de concesión, AdP no está obligada a entregar”, manifestó el representante de Capatur, tras afirmar que este hecho es “definitivamente un acto de corrupción”.
Sostuvo que los sistemas de control del Estado obligan a todo gasto público a un Concurso Público “y se está tratando de evitar esto, para justificar que AdP sobrevalore en algunos casos 256 veces más, como es el caso del mantenimiento de un carro bombero cuyo costo es S/ 6,000 y el Estado Peruano según factura le devolvió S/ 1’540,000 al concesionario”.
“En la modernización del Aeropuerto Internacional de Pisco, si AdP gastó S/ 10,000, el Estado Peruano en 30 días, según contrato, le devuelve S/ 2’560,000”, advirtió el especialista.
En consecuencia, Urtecho Ibañez pidió la inmediata rescisión del contrato de concesión del aeropuerto de Pisco ante los “graves actos de corrupción en los cuales está involucrado el concesionario AdP”.
