La Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu emitió un pronunciamiento público en el que rechaza categóricamente las recientes declaraciones del alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, quien advirtió la posibilidad de cerrar Machu Picchu por uno o dos meses a partir de enero de 2026.
Según la entidad gremial, este tipo de anuncios genera “inmediato daño a la actividad turística” y afecta a empresas locales, nacionales y extranjeras.
El gremio recordó que la advertencia del alcalde fue difundida por El Diario del Cusco el 24 de noviembre, donde la autoridad señaló que el cierre respondería a la evaluación del plan de contingencia aplicado en los últimos meses.
Ante ello, la Cámara sostuvo que tales expresiones son “desafortunadas” y generan alarma en un destino cuya economía depende casi en su totalidad del turismo.Mediante un comunicado institucional, la Junta Directiva de la Cámara afirmó que el alcalde provincial “no tiene ni competencia ni jurisdicción para cerrar el distrito de Machu Picchu”, y precisó que la aplicación de medidas de esta naturaleza no corresponde a una autoridad externa al distrito. “Como si todo el pueblo fuera una tienda de abarrotes”, enfatizó el gremio, al cuestionar la falta de sustento técnico y legal de la advertencia.
Asimismo, la institución exigió la rectificación inmediata del alcalde “en la misma cantidad de medios que han difundido sus declaraciones”, reservándose además el derecho de denunciarlo por “provocar pánico y zozobra en la actividad turística”.
El pronunciamiento también cuestiona la conducta del burgomaestre y sostiene que sus declaraciones podrían configurar responsabilidades legales. “Este funcionario público… vendría incurriendo en graves responsabilidades administrativas, civiles y penales en manifiesto agravio del mismo Estado peruano y de los empresarios turísticos”, señala el documento.
El gremio fue más allá y planteó que la autoridad edil debería ser apartada del cargo: “Dicho alcalde debe ser inmediatamente suspendido… por evidente incapacidad mental corroborada por las acciones que viene asumiendo”, indicando que sus expresiones reflejarían incapacidad para distinguir “entre lo real y lo irreal”.
Finalmente, la Cámara llamó a las autoridades políticas a respetar el Código de Ética de la Función Pública, recordando que el deber de idoneidad es una obligación técnica, legal y moral.
“No haga más daño a la industria turística”, concluyó el comunicado, remarcando que la actividad privada “es libre” y que expresiones de esta naturaleza perjudican al destino turístico más importante del país.
