La Asociación Peruana de Agentes Afiliados a IATA (APAAI) expresó su preocupación ante la situación financiera de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas y solicitó formalmente a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) información y acciones concretas para proteger a las agencias de viajes y a los pasajeros.
Mediante una carta dirigida a Martin La Rosa, Country Manager de IATA para Perú y Bolivia, la asociación señaló que las recientes noticias de dominio público sobre la aerolínea, que incluyen investigaciones judiciales en curso y posibles pérdidas financieras, generan incertidumbre sobre su continuidad operativa y solvencia.
APAAI recordó que las agencias de viajes actúan como el principal canal de recaudación a través del sistema BSP (Billing and Settlement Plan), por lo que cualquier riesgo financiero de una aerolínea puede colocar a las agencias en una situación de vulnerabilidad económica y reputacional frente a los consumidores finales.
En ese contexto, la asociación solicitó a IATA precisar si se ha realizado una evaluación de la solvencia financiera de Plus Ultra conforme a las resoluciones del Manual del Agente de Ventas de Pasajeros. Asimismo, consultó si se han requerido garantías financieras adicionales a la aerolínea para asegurar el cumplimiento de los reembolsos en caso de un eventual cese de operaciones o suspensión dentro del BSP.
De igual forma, APAAI pidió que, ante una posible suspensión de la aerolínea en el sistema BSP, se comuniquen de manera inmediata los protocolos e instrucciones que permitan a las agencias proteger el derecho al reembolso de los pasajeros.
“La prioridad es evitar que se repitan situaciones de quiebras desordenadas del pasado, donde las agencias de viajes quedaron desprotegidas tras haber cumplido con sus obligaciones de pago”, señala la comunicación remitida a IATA.
Finalmente, la asociación indicó que queda a la espera de los resultados del monitoreo que viene realizando IATA y de las medidas que podría adoptar cuando una aerolínea enfrenta problemas financieros graves, con el objetivo de proteger el ecosistema de pagos o para defender la seguridad si la crisis operativa se agrava.
