Ante la decisión del Gobierno peruano de solicitar pasaporte y visa humanitaria a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a su territorio, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) Perú, Mariana Navarro, pidió al país que “revoque” esta medida y que “sea coherente” con el discurso político que ofrece, como líder del Grupo de Lima.
“Perú ha dicho en innumerables ocasiones, como líder del Grupo de Lima, que en Venezuela se están cometiendo graves violaciones de Derechos Humanos. Sin embargo, por otro lado, intenta poner una restricción”, declaró Navarro a la agencia EFE.
Asimismo, expresó su preocupación por el contexto en que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció esta medida, durante el proceso de deportación de venezolanos que habían ingresado a Perú con documentación falsa u ocultando antecedentes delictivos.
El propio ministro del Interior, Carlos Morán, que acompañó al mandatario durante el acto de deportación, mencionó días antes que, con la llegada de venezolanos, la delincuencia había aumentado.
“Las personas que han sido condenadas son 300, sobre una población de más de 800.000”, indicó Navarro, por lo que alertó que “estas declaraciones pueden alentar un mensaje xenófobo”.
La reciente normativa de la exigencia de visa humanitaria para los venezolanos es un cambio en la política de acogida que tenía hasta ahora Perú, luego de que en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se les animara a venir e incluso se diseñara para ellos un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) a inicios de 2017, que les permitía trabajar o estudiar en Perú sin mayores trámites.
No obstante, Vizcarra señaló este lunes en una entrevista que esta medida busca que la migración de venezolanos sea “más ordenada y segura”. “No es que cerramos las puertas de la frontera. No lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer”, agregó el mandatario.
Para Navarro, sin embargo, la medida de la visa humanitaria sigue siendo un “límite a personas que necesitan de protección internacional”. Por ello, hizo un llamado a que se conozca que cualquier persona puede solicitar refugio y que, en el caso de los venezolanos, “la gran mayoría de ellos, por la propia definición recogida en la Declaración de Cartagena, necesitan de esta condición internacional”.
