Un grupo de representantes y trabajadores de 35 empresas realizó una protesta en el segundo nivel del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, exigiendo el pago inmediato por los trabajos ejecutados durante la construcción del nuevo terminal aéreo.
Los manifestantes, portando pancartas, denunciaron que no han recibido la remuneración correspondiente por los servicios prestados. Según indicaron a RPP, la deuda total ascendería a US$ 82 millones y, en algunos casos, las facturas pendientes tendrían hasta dos años de retraso.
Señalaron que, por cada empresa son alrededor de 100 trabajadores afectados. “Nosotros hemos pedido una programación de pagos, que manden cronograma. Tenemos toda la voluntad, pero que nos den una señal de pago”, manifestó una de las trabajadoras.
La protesta se desarrolló en medio de un despliegue policial para resguardar la zona. Pese a la manifestación, el flujo de turistas nacionales y extranjeros hacia la zona de taxis, ubicada al lado de la protesta, continuó con normalidad.
Al respecto, José Antonio Hernández Oliva, vocero de Lima Airport Partners (LAP), ofreció sus descargos y deslindó responsabilidad directa de la concesionaria sobre los pagos a los subcontratistas.
“Ese pedido es falso. Nosotros como LAP hemos pagado el 100% de las obligaciones con el consorcio. Tenemos un contratista que es el encargado de hacer el diseño, construcción y procura del terminal. Estamos absolutamente al día, no le debemos nada”, aseguró.
El representante explicó que el conflicto financiero se debe a una relación comercial entre el consorcio constructor y sus proveedores.
“Y ese reclamo que hemos visto hoy día todos en realidad obedece a una aparente deuda entre el contratista o los miembros de ese consorcio y sus proveedores. El consorcio es Inti Punku, que está básicamente conformado por las empresas Sacyr y Cumbra Ingeniería y Construcción”, precisó.
El directivo dijo que LAP ha intentado mediar en la situación. “Hemos estado en comunicación los últimos meses con el consorcio. De hecho, yo personalmente me he reunido con unas cincuenta de esas empresas para entender la deuda o la supuesta deuda y tratar de pasar la información al consorcio e instar a que cumplan con sus obligaciones lo antes posible”, concluyó.
