El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), Rosendo Baca, alertó que la crisis actual del transporte turístico en Machu Picchu ya está generando un fuerte impacto económico y amenaza con profundizarse en los próximos meses.
De acuerdo con el funcionario, la cancelación anticipada de cerca del 15% de paquetes turísticos hacia fin de año representa pérdidas que rondan los S/ 300 millones. “Día a día se sigue afectando la imagen de nuestro país y de Machu Picchu, y esto no puede continuar”, remarcó.
La raíz del conflicto se ubica en el cambio de la empresa encargada del servicio de buses que conectan Aguas Calientes con la ciudadela. Consettur culminó su concesión y la ruta fue adjudicada por la Municipalidad Provincial de Urubamba a la compañía San Antonio de Torontoy, integrada por comunidades campesinas, según informó Infobae.
Aunque algunos sectores cuestionan el proceso, Baca enfatizó que corresponde a la Contraloría determinar si hubo irregularidades, pero que el cambio no debe paralizar la implementación del nuevo plan de transporte.
Mientras tanto, las protestas en la zona han afectado también el servicio ferroviario, provocando suspensiones temporales y aumentando la incertidumbre en torno a la llegada de visitantes. “Ha habido altibajos, se suspendió temporalmente el servicio, se rehabilitó otra vez. Lo que tenemos en conocimiento es que en este momento todavía el tren no llegó. En eso estamos trabajando”, explicó.
El impacto del conflicto no solo recae en las empresas de transporte. La cadena turística completa se ve comprometida: agencias de viaje, guías, hoteles, restaurantes y comunidades locales que dependen de la llegada constante de visitantes.
Baca insistió en que la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM) debe convocar de inmediato a los ministros de Turismo, Ambiente, Cultura y Transportes, junto con autoridades locales y operadores privados.
El titular de la Gercetur señaló que ya se están elaborando los documentos para concretar la reunión de urgencia que debe realizarse “en el transcurso del día, a más tardar mañana”. La agenda de Machu Picchu, dijo, no puede esperar.
Frente a la posibilidad de un cierre temporal del sitio arqueológico, propuesta por la Cámara de Comercio como mecanismo de presión para lograr un diálogo, Baca sostuvo que se respeta la posición del sector privado, aunque la postura de su oficina es impulsar soluciones desde el ámbito público.
El funcionario detalló que la red de protección al turista ya está activa y que se han implementado protocolos de atención en coordinación con el sector privado. En paralelo, la Policía Nacional mantiene presencia en la zona con entre 50 y 100 efectivos.
