El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que iniciará un proceso de renegociación con Lima Airport Partners (LAP) respecto al cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) a pasajeros en tránsito o transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, presidida por la congresista Katy Ugarte, saludó la medida y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los usuarios.
Durante la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor, la representante del MTC, Reyna Huamani Huarcaya dijo que “desde el MTC venimos gestionando la modificación del contrato de concesión justamente para lograr un menor cobro de la TUUA en la transferencia de los pasajeros nacionales. Somos conscientes de que este cargo afecta la economía de nuestros viajeros y turistas, y por ello estamos trabajando con nuestro equipo técnico y en coordinación con Ositrán para evaluar mecanismos que permitan reducir este costo. El turismo es uno de los motores de la economía nacional y nuestro compromiso es proteger a los usuarios y garantizar condiciones más justas”, puntualizó.
La presidenta de la Comisión, Katy Ugarte, remarcó que el Congreso “seguirá vigilante para garantizar que los peruanos no paguen más de lo justo” y exhortó al MTC y a Ositrán a actuar con firmeza frente a cualquier abuso. “Este doble cobro constituye un abuso y una afectación directa a los consumidores. No estuvo en el contrato original y debe ser revisado con total transparencia”, advirtió la congresista Ugarte.
El debate contó con la participación de legisladores de distintas bancadas, quienes coincidieron en que la aplicación de esta tarifa perjudica principalmente a los pasajeros de provincias. El congresista Wilson Soto calificó el cobro como “un beneficio injustificado para la concesionaria”, mientras que la congresista Rosángela Barbarán exhortó al Ejecutivo a corregir la adenda que permite este recargo, para evitar que los usuarios asuman costos adicionales sin una contraprestación clara.
Por su parte, representantes de LAP argumentaron que la tarifa de transferencia está sustentada en el contrato de concesión y en servicios diferenciados que reciben los pasajeros en tránsito. Sin embargo, asociaciones de usuarios y representantes de aerolíneas reiteraron que el cobro nunca fue previsto en la licitación inicial y que genera un desequilibrio económico a favor de la concesionaria.
Finalmente, la Comisión anunció que continuará con las investigaciones y evaluará nuevas medidas de fiscalización, recordando que el artículo 65 de la Constitución obliga al Estado a defender a los consumidores y garantizar la transparencia en los servicios públicos.
