La Cámara de Comercio de Lima (CCL) hizo un análisis de la situación actual del transporte interprovincial de pasajeros, cuya reactivación está prevista para mediados de julio próximo. Sostuvo que en el sector se han vivido dos realidades desde el pasado 15 de marzo, cuando se declaró el estado de emergencia y aislamiento social obligatorio debido a la pandemia del Covid-19.
Una de ellas es la relacionada con los buses formales que han brindado servicios para viajes humanitarios y el traslado de personal (solo para las actividades autorizadas como agroexportación y algunas operaciones mineras y de hidrocarburos). Este grupo solo representaría el 10% del total de la flota a nivel nacional, según Martín Ojeda, presidente de la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú (Cotrap-Apoip).
Por otra parte, están las empresas informales que, pese a la restricción de los viajes interprovinciales, han seguido operando sin las medidas de seguridad.
“En Cotrap-Apoip participan 500 empresas que tienen unos 6.500 buses solo del transporte terrestre nacional y en el transporte regional superan las 3.000 unidades. De este universo, el 90% está esperando volver a funcionar”, indicó Martín Ojeda.
Calcula que las perdidas económicas para las empresas operadoras de transporte nacional ascienden a US$ 235 millones mensuales; mientras que, en las rutas regionales, las perdidas llegarían a US$ 165 millones por cada mes de paralización. En lo que respecta a empleos, de manera directa tenemos 70,000 familias conformadas por conductores, counters, administradores, gerentes, mantenimiento, que han resultado afectadas por esta paralización.
Con el fin de retornar a sus actividades, las empresas formales ya han puesto en marcha los protocolos sanitarios en sus unidades. En el caso de Oltursa, su gerente David Olano indicó que cuentan con equipos de protección de bioseguridad y procedimientos para el ingreso de personal al taller, terminal, almacén y oficinas, así como procedimientos de limpieza y desinfección de buses, para el ingreso de conductores y pasajeros al inicio de los viajes, un plan de acciones o respuestas ante un trabajador con Covid-19.
Para el especialista en temas de transporte, Lino de la Barrera, la respuesta publica frente al problema de la informalidad no puede ser exclusiva y únicamente de la fiscalización sancionadora; sino más bien se requiere de una respuesta de carácter económico-social, basándose en que en algunas zonas del Perú́ no hay oferta formal de transporte de vehículos mayores.
“Se podrían establecer incentivos para que los transportistas formales –bajo las reglas de juego del Estado– cubran rutas donde la rentabilidad no sea la mejor posible. Cuando hablo de incentivos puede ser que, aquellos que cumplan rutas hacia localidades donde la población no sea atractiva económicamente, la devolución pueda ser mayor”, sugirió el experto en transporte.
Finalmente, para David Olano, de Oltursa, el Ejecutivo debe realizar acciones de control eficaces para erradicar la informalidad a través de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutran) y la Policía Nacional del Perú (PNP); para, de esta forma, evitar que el coronavirus se propague a través de los viajes interprovinciales informales.
Otras propuestas que el gremio Cotrap-Apoip presentó al ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Lozada, fueron la postergación de las obligaciones tributarias por un ano, la transparencia de los precios del combustible y la devolución del 100% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que se paga en el combustible.
