Sunedu cuestiona uso de fondos y pide vacancia de su rector.
Invertir en empresas ajenas al rubro educativo, como es el caso de LC Perú, Tambo Hotel y Restaurante, entre otras, le ha valido a la Universidad de San Martín de Porres (USMP) una multa de S/ 8,6 millones impuesta por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que desde el año pasado venía investigando la utilización de sus fondos en actividades distintas a lo dispuesto en la Ley Universitaria.
Esta sanción llega en uno de los momentos más difíciles para la USMP, pues también enfrenta una demanda por US$ 5.7 millones presentada por la compañía estadounidense Aircraft Solutions, debido al incumplimiento de su subsidiaria LC Perú en el pago por el alquiler de aeronaves.
Respecto al último caso, Sunedu inició el año pasado un procedimiento administrativo sancionador a fin de verificar el uso correcto de los activos de la USMP y, tras recabar una serie de evidencias, comprobó que, desde el 2013 hasta el 2018, dicha universidad efectuó préstamos e inversiones por más de S/ 293 millones a favor de siete de sus empresas, “las cuales se encontraban en situación de déficit constante” y sin acreditar que se ejecutaron con fines educativos, tal como lo establece la Ley Universitaria.
Las siete subsidiarias involucradas en el caso son: Club Deportivo Universidad San Martín de Porres S.A.; LC Busre S.A.C. (LC Perú); Tambo Hotel y Restaurante S.A.C.; colegio Rita Castro Ramos; Promotora Educativa USMP S.A.C.; Editora La Crónica S.A.C.; y Empresa Interamericana de Radio Difusión S.A. Asimismo, está el fondo Latin Lease LTD.
Al respecto, Sunedu recordó que el numeral 116.1 del artículo 116 de la Ley Universitaria precisa que los bienes de las universidades se usan exclusivamente para fines universitarios. Dichos fines están previstos en el artículo 6 de la misma norma.
“La tutela de la referida obligación es importante, pues el uso de los recursos de las universidades —en especial las asociativas, cuya finalidad esencial es la educativa y no el lucro— se sujeta por disposición legal al cumplimiento de los objetivos educativos y a la mejora continua de la calidad, en beneficio de toda la comunidad universitaria. El incumplimiento de dichas disposiciones se encuentra tipificado como infracción muy grave en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu”, indicó la entidad estatal.
Dijo también que, pese a ser parte de sus funciones, las autoridades de la USMP permitieron que, durante todos esos años y de manera sistemática, se efectúen las operaciones cuestionadas en desmedro de los intereses de la universidad, sin adoptar ninguna acción correctiva.
Según los estados financieros de la universidad, el monto total involucrado en las operaciones cuestionadas fue de S/ 293,726,216, que durante todo el periodo analizado no ha retornado a la universidad y que pudieron destinarse a otras actividades que sí contribuyeran a una finalidad universitaria. Asimismo, se detectó un impacto en la generación de excedentes hasta por S/ 41,778.000.
Solo en el caso de la aerolínea LC Perú –donde es principal accionista desde su asociación en 2011 y que, a fines del año pasado, Indecopi declaró en insolvencia por una deuda de casi US$ 6 millones–, Sunedu estableció que le realizó préstamos para el pago de proveedores y remuneraciones a través de “contratos no escritos”, sin que estos generaran intereses. Al 2018, la inversión acumulada en esta subsidiaria llegó a S/ 123,4 millones.
La USMP también realizó inversiones en el Club Deportivo Universidad San Martín de Porres (S/ 120,7 millones), la Empresa Interamericana de Radio Difusión S.A. (S/ 19,9 millones) y Tambo Hotel y Restaurante S.A.C. (S/11,7 millones).
VACANCIA DEL RECTOR
En atención a ello, el Consejo Directivo de Sunedu acordó sancionar a la USMP con ocho multas que suman en total S/ 8,614,928, por las operaciones realizadas con cada una de sus empresas vinculadas y el fondo de inversión.
Asimismo, ordenó a la universidad abstenerse de manera inmediata de utilizar sus activos con las empresas que fueron materia de investigación y presentar un plan en el que consten las acciones que adoptará, a fin de recuperar los montos otorgados en calidad de préstamo o inversión.
También dispuso iniciar el proceso de vacancia de su rector, José Chang Escobedo, en la medida que permitió que se realicen operaciones con fines distintos a los universitarios, así como adoptar las acciones que correspondan a fin de que se determine la responsabilidad de las personas involucradas en la autorización de las operaciones analizadas.
Asimismo, determinó la necesidad de remitir información relevante recabada durante el procedimiento a la Sunat y a la Procuraduría Pública de la Sunedu. “Esto, a fin de que, en ejercicio de sus funciones, estas entidades investiguen si las disposiciones de activos de la USMP también habrían constituido una forma de distribución directa o indirecta de rentas –lo cual se encuentra prohibido por el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta– o un acto de administración fraudulenta de personas jurídicas, respectivamente”, remarcó.
La decisión de Sunedu ha sido notificada a la USMP, que se encuentra dentro del plazo para interponer un recurso de reconsideración, el cual será revisado por el Consejo Directivo del propio organismo supervisor.
