Ministro Sánchez desestima presuntas irregularidades detectadas por Contraloría

Un informe de la Contraloría General de la República, difundido en los últimos días por la prensa, acusa al actual ministro de Comercio y Turismo, Roberto Sánchez, de presuntas irregularidades cometidas cuando fue director ejecutivo de Administración de las Direcciones de las Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Norte, en el año 2016, hechos que habrían generado un perjuicio económico al Estado por más de S/ 86,000.

Se conoció, además, que el hoy titular del Mincetur fue demandado civilmente por el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol), institución donde laboró como gerente de Administración y Finanzas entre el 2013 y 2014. Su recién nombrada jefa del Gabinete de Asesores, Aída Salas Gamarra, también es cuestionada por la Contraloría.

En respuesta a tales acusaciones, el ministro Sánchez sostuvo que, a la fecha, no registra sanciones administrativas ni penales por las funciones que ejerció en ambas entidades públicas. “Nunca he tenido sanción ni administrativa, ni civil, ni judicial ni penal. ¡Déjenos trabajar y fiscalicen con verdades!”, afirmó a través de Twitter.

Sánchez Palomino dijo que una consulta a la plataforma de Servir, donde se registran las sanciones administrativas de la Contraloría a los funcionarios públicos, señala que no registra ninguna sanción a julio de este año.

Ante las versiones periodísticas que dieron cuenta de los hechos, precisó que los funcionarios públicos están expuestos a seguimientos por parte de la Contraloría, pero no ha tenido proceso de sanción, ni responsabilidad administrativa.

ACUSACIONES

Según informó el diario El Comercio, una acción de control posterior realizada en 2019 por la Contraloría a la Diris de Lima Norte, encontró que el ministro Roberto Sánchez, quien también es congresista y presidente del partido político Juntos por el Perú, y otros servidores públicos no cumplieron con controlar debidamente los procesos de contratación con empresas, así como el pago de servicios de mantenimiento de infraestructura de cinco establecimientos de salud de la capital.

Entre las irregularidades encontradas por el equipo de auditores figura la desaparición de un expediente técnico que justificaba un proceso de contratación de adjudicación directa a una empresa proveedora. La contraloría estimó que el incumplimiento de las normas de contrataciones por estos funcionarios perjudicó al Estado por más de S/ 86,000.

Respecto a la demanda civil interpuesta por el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol) en contra del hoy titular del Mincetur y otros 11 ex funcionarios, se sabe que estuvo en manos del 36° Juzgado Civil de Lima y del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente. La institución desistió finalmente de su pedido de indemnización por daños y perjuicios por un monto de S/ 340.250, luego de que se declarara inadmisible en un primer momento.

En el caso de Aída Salas Gamarra, nueva jefa del Gabinete de Asesores del Mincetur, figura en un reciente informe de control por una presunta responsabilidad penal en una compra de material de protección y de higiene para los trabajadores del programa social Pensión 65.

Salas era la jefa de la Unidad Administrativa de este programa social, en plena emergencia sanitaria del COVID-19, cuando se adquirieron grandes cantidades de alcohol en gel y termómetros infrarrojos por un monto de S/ 142.420. La sanción disciplinaria –que podía ser hasta un año de suspensión de sus remuneraciones– finalmente no se produjo porque la falta prescribió por el tiempo transcurrido, según disposiciones de Servir.



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