En un caso pocas veces visto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) asumirá y pagará la “defensa legal” de ex funcionarios que vienen siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción, debido a las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de empresas hoteleras para el alojamiento temporal (cuarentena) de ciudadanos repatriados durante la pandemia.
Turiweb pudo corroborar que el Mincetur ya ha concedido el “beneficio de defensa legal” a al menos dos ex altos directivos de la institución, comprendidos en la investigación fiscal sobre los supuestos hechos ilícitos detectados en este proceso.
Los primeros en obtener dicho “beneficio” son Gianina Gisella Salamanca Huiza, ex directora de Abastecimiento del Mincetur, e Ysmael Rafael Mayuri Quispe, ex director general de Administración. Ambos son investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión y negociación incompatible.
Tal como informó nuestro medio la semana pasada, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso el inicio de diligencias preliminares de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por autoridades del Mincetur en torno a este caso.
Dicha investigación se basa en el Informe de Control Específico N° 017-2021-2-5302-SCE presentado por la Contraloría General de la República en agosto de 2021, donde se detectó el pago de servicios de hospedaje y alimentación de 151 peruanos y dos extranjeros que no registraron ingreso al país, entre marzo y diciembre de 2020, generando un perjuicio económico de S/ 402 mil en agravio del Estado.
Según el informe elaborado por el Órgano de Control Institucional del Mincetur, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico (DGPDT) otorgó la conformidad de servicio a 28 empresas hoteleras para la atención de estos supuestos repatriados, cuyo ingreso al país no fue registrado en Migraciones.
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INVESTIGADOS Y DEFENDIDOS
En este caso, bautizado por los medios como “pasajeros fantasmas”, la Contraloría determinó que existiría presunta responsabilidad administrativa y civil de los directivos del Mincetur que autorizaron el irregular pago de servicios hoteleros, siendo pertinente iniciar el procedimiento disciplinario que corresponda. Pero el Ministerio Público ha ido más allá del proceso administrativo sugerido y decidió investigar las presuntas responsabilidades penales.
En febrero del presente año, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima comunicó el inicio de las diligencias preliminares de investigación contra los funcionarios del Mincetur involucrados en este polémico caso, dado que los hechos que dieron lugar a la denuncia habrían ocurrido en el ejercicio de sus funciones.
Tal es el caso de Gianina Salamanca Huiza, ex directora de la Oficina de Abastecimiento del Mincetur, entre octubre de 2019 y agosto de 2020, quien en mayo pasado fue notificada por la Fiscalía sobre la investigación en su contra. Ella fue la primera en solicitar y recibir el beneficio de defensa legal por parte del Mincetur, mediante la Resolución Secretarial N° 032-2022-MINCETUR/SG emitida el 10 de junio de 2022.
La notificación fiscal también llegó a manos de Ysmael Mayuri Quispe, quien ocupó el cargo de director general de la Oficina de Administración del Mincetur desde mayo de 2019 hasta julio de 2020. El pasado 6 de junio, Mayuri presentó al Mincetur su solitud de defensa legal como ex servidor civil, la cual fue aprobada el 14 de junio mediante la Resolución Secretarial N° 033-2022-MINCETUR/SG. Él es el segundo ex funcionario en recibir dicho beneficio.
Ambos casos llaman la atención, ya que la defensa legal de los investigados será “asumida” y “pagada” por el propio ministerio agraviado con las presuntas irregularidades cometidas. De ser así, otros funcionarios implicados en la denuncia penal también podrían exigir al Mincetur que financie sus procesos judiciales.
Al respecto, la Oficina de Asesoría Jurídica del Mincetur determinó que las solicitudes presentadas por Ysmael Mayuri y Gianina Salamanca cumplen con los requisitos de “admisibilidad y procedencia” establecidos para el otorgamiento del beneficio de defensa legal, argumento que consta en las dos resoluciones firmadas por Carlos Zafra Flores, secretario general del Mincetur.
“Para que proceda el ejercicio del derecho a la defensa y asesoría, los hechos vinculados al servidor o ex servidor civil en el proceso o investigación deben estar relacionados a una omisión, acción o decisión realizada en el ejercicio regular de sus funciones o actividades derivadas del ejercicio de la función pública”, señala la normativa ministerial.
Por tanto, el Mincetur dispuso a sus oficinas competentes adoptar las acciones necesarias para la “contratación y ejecución de los gastos respectivos” en virtud de la defensa legal concedida a sus ex funcionarios. No obstante, precisa que ambos beneficiarios deberán reembolsar el costo total del asesoramiento y defensa legal, si al finalizar la investigación o el proceso en su contra se demuestra su responsabilidad.
Cabe recordar que Ysmael Mayuri y Gianina Salamanca integran la larga lista de investigados por la Fiscalía, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado. La denuncia forma parte de la Carpeta Fiscal N° 506015505-2021-148-0.
*Para más información, descarga las dos resoluciones del Mincetur en los siguientes links:
