En un oficio enviado al Contralor General de la República, Nelson Shack, la Comisión de Cultura del Congreso informó que ha evidenciado posibles irregularidades en la orden de servicio del Ministerio de Cultura en favor de la empresa Joinnus, para la venta de boletos de ingreso a Machu Picchu.
Entre los principales cuestionamientos comunicados a la Contraloría, la comisión señala que la firma de la orden de servicio se llevó a cabo el 4 de agosto de 2023 y se requería el servicio de alquiler de plataforma digital para la venta de entradas a 21 museos y sitios arqueológicos públicos, sin incluir Machu Picchu y Kuélap. Y con posterioridad, luego de que Joinnus cambiara sus estatutos, se firmó la adenda que sí incluía a Machu Picchu y Kuélap.
De acuerdo con el documento, Joinnus modificó sus estatutos para ampliar su objetivo social y posibilitar su participación en procesos de selección y licitaciones públicas. El 12 de octubre formalizó los cambios por escritura pública.
“Coincidentemente, en fecha 7 de noviembre de 2023, el Ministerio de Cultura y la empresa beneficiaria (Joinnus) suscribieron la Adenda N° 01, mediante la cual se amplió el objeto de la contratación, para los demás espacios culturales, incluyéndose el Santuario Histórico de Machu Picchu y Kuélap”, señala el oficio.
“El monto porcentual de comisión (3.9% incluído IGV) por el servicio de ventas de boleto turístico en favor de la empresa Joinnus resultaría desproporcional y generaría un perjuicio económico millonario a las arcas del estado y, en especial, a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco”, añade.
Asimismo, recuerda que en la carta de renuncia presentada por la ex directora de Cultura de Cusco, Maritza Rosa Candia, se denunció que el Ministerio de Cultura habría realizado la contratación de Joinnus y la posterior firma de la adenda N° 01 de manera unilateral y a espaldas de la institución, además de no contar con las directivas de procedimiento para la migración de la plataforma virtual de la DDC a la plataforma de Joinnus.
Sumado a ello, en el Informe N° 0194-2023-OGA/MC de fecha 29 de diciembre, el propio Ministerio de Cultura aclara que no se ha otorgado una “concesión” a Joinnus, lo que se ha realizado es una contratación menor a 8 UIT por el alquiler de la plataforma; sin embargo, mediante la Resolución Ministerial N° 528-2023-MC se modifica e incluye la definición “Operador Logístico”, haciendo alusión a la empresa seleccionada y contratada de manera permanente para la venta de boletos turísticos.
Para la Comisión de Cultura resulta extraño la firma de la adenda 01, ya que pudo incluirse a Machu Picchu y Kuélap en la lista de espacios culturales prevista en la orden de servicio inicial.
“Lo que genera mucho cuestionamiento respecto al móvil de su inclusión en la adenda de fecha 07/11/23 y no haber transparentado su participación en la relación inicial de 21 espacios culturales contemplados en la Orden de Servicios N° 3480-2023-S de fecha 04/08/2023”, indica el oficio.
Otro cuestionamiento que hace la Comisión de Cultura es que la empresa Joinnus cuenta con un capital social ascendente a 1,443 soles, “monto que despierta suspicacia sobre su capacidad económica para asumir el tipo de servicio que se brindará al Ministerio de Cultura y que pone en cuestionamiento los criterios de selección de esta empresa”.
En se sentido, se solicita a la Contraloría que realice las labores de control gubernamental que correspondan. Al respecto, el presidente de la Comisión de Cultura, Héctor Acuña, ha solicitado a la ministra Leslie Urteaga que suspenda el contrato con Joinnus hasta que haya una resolución de la Contraloría.
