El Indecopi iniciará un trabajo conjunto con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) en defensa de los usuarios del transporte aéreo, para que los servicios que se ofrecen en los aeropuertos del país sean adecuados y se pueda prevenir afectaciones a sus derechos, cuya demanda se suele incrementar en los últimos meses del año.
“Las medidas de control que se aplican en los aeropuertos, por razones de seguridad, deben respetar los derechos humanos de los pasajeros”, afirmó el presidente de Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez.
Según informó, a raíz del presunto trato inadecuado que sufrió un congresista de la República por parte del personal de seguridad del concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP), y la Policía Nacional, Indecopi tomará acciones en el marco de las competencias establecidas en la ley, para garantizar un trato adecuado a los pasajeros.
Ante ello, la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano Copello, mediante una carta al presidente de Indecopi, expresó que ese órgano regulador se encuentra realizando las investigaciones respectivas con la finalidad de adoptar acciones en el marco de sus competencias, es decir, el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y técnicas por parte de las entidades prestadoras de la infraestructura de uso público y procurar que se brinden servicios adecuados a los usuarios, cautelando sus intereses y derechos.
Sin perjuicio de la investigación que haga Ositran en su fiscalización al contrato de concesión, Palacín Gutiérrez dijo que “en 20 años más de 240 millones de pasajeros han pagado el TUA Aeroportuario, es decir tienen relación de consumo con las empresas concesionarias de aeropuertos y existen instrumentos internacionales que obligan al Perú y a los concesionarios privados, en los anexos sobre facilitación y seguridad al Convenio sobre Aviación Civil Internacional”.
Asimismo, el Decreto Legislativo Nº1033 que aprueba la Ley de Organización y Funciones de Indecopi en el Artículo 2, establece que Indecopi vigila la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control posterior y eliminación de barreras burocráticas ilegales e irracionales que afectan a los ciudadanos y empresas, así como velar por el cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa.
“Hemos visto los videos y analizado el trato dado al congresista y pasajero, Abel Reyes Cam, y al parecer se trató de un comportamiento inaceptable, discriminatorio en un claro ataque a la persona humana, faltándole el respeto a su dignidad que no se le puede dar a un pasajero en ningún aeropuerto del mundo”, señaló el titular de Indecopi.
COMPETENCIA DE INDECOPI
Julián Palacín sostuvo que Indecopi protege los derechos de los consumidores y usuarios, vigilando que la operación de los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función a la información brindada y evitando la discriminación en las relaciones de consumo.
“Somos un país fiel cumplidor de los instrumentos internacionales de aviación civil que obligan al Perú, entre ellos el Convenio sobre Aviación Civil Internacional o Convenio de Chicago de 1944 y sus anexos técnicos. En consecuencia, nos preocupa no solo los derechos de los consumidores peruanos y extranjeros en nuestros aeropuertos, sino que además se vigile que la información de los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de bienes y servicios de la información brindada, evitando la discriminación en las relaciones de consumo”, explicó.
“Nuestra posición jurídica, es que el consumidor o pasajero al pagar el TUA Aeroportuario nacional o internacional, establece el nexo de causalidad y se da la relación de consumo contra el explotador del aeropuerto, lo que es competencia de Indecopi, con relación a los derechos del consumidor”, agregó el presidente de Indecopi.
Por último, dijo que el derecho aéreo es un conjunto de principios y normas de derecho público y privado, de orden nacional e internacional; por ello “los procedimientos de fiscalización por temas de seguridad deben respetar los derechos humanos de los pasajeros, garantizándoles un trato que no viole la dignidad, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
