El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que, a través de su Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), junto con sus oficinas regionales, realizó 5,506 fiscalizaciones a nivel nacional desde que se inició el estado emergencia.
Refirió que pone especial atención a los sectores Enseñanza, Comercio, Financiero, Transporte Terrestre e Inmobiliario, con el propósito de que los proveedores de estos servicios corrijan aquellas conductas que infringen los derechos de los consumidores, durante la crisis sanitaria.
Señaló que estas fiscalizaciones las lleva a cabo en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, pues cuenta con el marco legal para sancionar a los proveedores que no respeten los precios que informan y a aquellos que se pongan de acuerdo para fijarlos (concertación).
Indecopi precisó que no es una agencia reguladora de precios o tarifas, ya que en el Perú no existe un régimen de regulación de precios de bienes y servicios, salvo de los servicios públicos que sí están regulados como telefonía (Osiptel), energía (Osinergmin), agua y servicios de saneamiento (Sunass), infraestructura aeroportuaria, carreteras y puertos (Ositran).
Asimismo, señaló que la GSF desde el primer día del estado de emergencia emprendió el monitoreo permanente con herramientas virtuales, como el “Reporte ciudadano” y “Reclama Virtual”.
TRANSPORTE TERRESTRE
Indecopi informó que, durante el estado de emergencia, se logró realizar 26 fiscalizaciones a empresas de transporte terrestre a nivel nacional, en las que se verificó:
a. Información relevante sobre el servicio no ejecutado.
b. No aplicar prácticas abusivas.
c. No limitar al endoso y la postergación.
d. Idoneidad en los canales de atención puestos a disposición del usuario.