El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) pondrá en agenda para el 2022 una política aérea nacional que garantice la defensa de los consumidores, afirmó su presidente Julián Palacín Gutiérrez.
Para ello, dijo que desde Indecopi se promoverá la libre competencia en el mercado aeroportuario y la eliminación de barreras burocráticas que “encarecen estos servicios y ponen al país en desventaja respecto de otros aeropuertos de América Latina”.
En ese sentido, sostuvo que la institución, en su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, vela por la protección y defensa de los derechos de los consumidores en todo el Perú, conforme a lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley Nº29571).
De esta manera, Palacín respondió a los cuestionamientos de Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), quien afirmó que las competencias de Indecopi no están relacionadas con el tema aeroportuario, siendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) los responsables de ello.
Al respecto, el funcionario aseguró que Indecopi, como Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, puede manifestar su preocupación frente al anuncio de Lima Airport Partners (LAP), concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de construir solo un terminal para 18 millones de pasajeros anuales y no para 35 millones de pasajeros como se había anunciado anteriormente.
Palacín enfatizó en que se debe garantizar la entrega de la segunda pista de aeropuerto Jorge Chávez y de 67 mangas de embarque y 20 para posiciones remotas, con el fin de mejorar la calidad del servicio que se brinda a los consumidores peruanos y extranjeros que a diario hacen uso del primer aeropuerto del país.
“Conforme a lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley Nº29571), el Indecopi puede coordinar con otras entidades del Estado que velan también por la protección de los consumidores y dar su opinión sobre temas relevantes que afectan la calidad de los servicios e impactan en los consumidores y usuarios, como es, en este caso, el cumplimiento del contrato de concesión entre LAP y el Estado peruano”, puntualizó.
