Nueve gremios de empresas de transporte terrestre exigen al gobierno derogar la Ley N° 31096 que formaliza el servicio de los llamados ‘taxis colectivos’ en el ámbito interprovincial. Para ellos, la norma aprobada recientemente por el Congreso fomenta la informalidad y pone en riesgo la vida de millones de pasajeros en todo el país.
“Rechazamos la norma aprobada por el Congreso de la República, la cual condena a los usuarios a ser víctimas de la inseguridad y la informalidad, poniendo en riesgo sus vidas e integridad física. La mitad de las muertes por accidentes en carreteras involucra a los ‘taxis colectivos’, ahora legalizados”, señalan los gremios en un comunicado.
Sostienen que la referida ley vulnera el principio básico y fundamental que la Constitución y las leyes del Perú protegen: la vida humana. “La legalización del taxi colectivo para transporte interprovincial antepone intereses ilegítimos de grupos pseudo empresariales que operan informalmente, por encima de la integridad y seguridad de 32 millones de peruanos que merecen reglas claras y leyes que realmente los representen y los protejan de la informalidad y la inseguridad”, afirman.
Asimismo, refieren que tanto el Ejecutivo como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y todas las entidades técnicas formales (públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales) vinculadas al transporte en el país, coinciden en lo perjudicial que es esta ley.
“Reconocemos lo complejo de la geografía del país y entendemos que en casos puntuales sea necesario el uso de unidades de transporte más pequeñas y maniobrables; pero, de ninguna manera, eso puede ser tomado como justificación para permitir que se atente contra las normas más elementales de circulación y transporte de pasajeros en vías interprovinciales que ya son atendidas por empresas formales (más de 1,700) que con responsabilidad cumplen con las normas y permiten que sus usuarios viajen con seguridad”, precisan los transportistas formales.
DEROGATORIA
Las organizaciones que firman el comunicado son: Confederación de Transportistas Terrestres del Perú – Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú (COTRAP-APOIP); Asociación Automotriz del Perú (AAP); Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga (ANATEC); Gremio de Transportadores y Logística del Perú y América (GTL); Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú (GNTC Perú); Gremio Nacional de Transportistas y Conductores de Arequipa (GNTC Arequipa); Fundación Transitemos; Unión Nacional de Transportistas (UNT) y Unión Regional de Transportistas (URT) Macro Región Norte.
“Desde los gremios que suscriben el presente documento, condenamos enérgicamente la promulgación por insistencia de una norma que nos hace retroceder y alejarnos del país que deseamos: un país en que personas, autoridades y empresas prosperen dentro de un marco de formalidad y puedan aspirar a un futuro mejor. El Congreso no puede, por intereses personales, dar leyes anti-técnicas y perjudiciales para todos”, indican.
Advierten que con esta ley pierden los usuarios, conductores, empresarios y el Estado, que deja de recibir los tributos que las empresas informales no pagan, y asume los costos de salud que los accidentes generan y que todos los peruanos terminan pagando, además del dolor de las pérdidas de vidas humanas, en promedio más de 3,000 fallecidos al año.
Asimismo, recuerdan que el transporte interprovincial ya está regulado y utiliza vehículos de categoría M3 (buses) unidades fabricadas y ensambladas para el transporte interprovincial de forma regular y continua, y excepcionalmente en ausencia de omnibuses con unidades de la categoría M2 (minibús con más de 8 asientos).
El servicio formal se realiza con flota, horarios y terminales terrestres, no en forma caótica (sin horarios, congestionando salidas de Lima, afectando el comercio externo e interno) que impacta a todos los peruanos y es parte de la crisis por la que atravesamos. Hay que encontrar soluciones graduales al problema. “Con esta Ley, en poco tiempo duplicaremos el número de informales, que nuevamente solicitarán ‘formalización’ al Gobierno con amenazas y atentados contra la propiedad privada”, indican los gremios en su comunicado.
“Confiamos en que las autoridades, así como la sociedad civil, exijan la derogatoria de esta Ley que solamente traerá al Perú pérdida de vidas, recursos, impuestos y que nos aleja de la formalidad y de la calidad de servicios que merecemos. El transporte no es un ‘cachuelo’, es una actividad profesional que debe ejercerse con los más altos estándares de seguridad en todo aspecto, por cuanto todos ponemos nuestras vidas y las de nuestros seres queridos en manos de un conductor. Exigimos que las autoridades sean coherentes con ello”, agrega el documento.
SOBRE LA NORMA
El 24 de diciembre último, el Congreso oficializó la norma que permite la circulación de taxis colectivos entre provincias y distritos a nivel nacional; sin embargo, no podrán operar en la ciudad de Lima y la Provincia Constitucional del Callao como medida preventiva frente al Covid-19.
Según la normativa, los vehículos que pueden realizar este tipo de servicio son los de clasificación M1 y los modelos que podrán circular son Sedán o Station Wagon. Los de clasificación M2 deberán ser diseñados y fabricados para transportes de pasajeros.
El Gobierno tiene 30 días calendario para implementar el reglamento, sin distorsionar el espíritu de la misma y bajo responsabilidad funcional. La Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran) será el organismo encargado de administrar, publicar y actualizar, el registro de empresas que a nivel nacional presten el servicio de transportes terrestre.
