Es probable que el Pleno del Congreso de la República debata esta semana el Proyecto de Ley 5525/2020-CR, que propone declarar en situación de emergencia el sector turismo y establece medidas para su reactivación (exoneraciones tributarias, mayor inversión en infraestructura y promoción turística, feriados largos, etc.). Turiweb recopiló las opiniones a favor y en contra de esta iniciativa legislativa.
Al respecto, existen dos dictámenes sobre la norma que varían puntualmente en el tiempo de duración de la emergencia: el de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, presentado el 7 de octubre, que plantea un periodo de 36 meses; y el de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas de fecha 10 de julio, que sugiere solo 18 meses.
Pero también hay opiniones divididas respecto al contenido del documento: los gremios del sector privado están a favor de sus propuestas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está en contra y en un punto medio se ubica el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que respalda algunas de ellas y desestima otras.
La polémica se centra básicamente en las medidas económicas y fiscales, como: exonerar del Impuesto a la Renta (IR) e Impuesto General a las Ventas (IGV) a los prestadores de servicios turísticos mientras dure la situación de emergencia; suspender la retención del IR a las plataformas digitales no domiciliadas (OTAs); crear el Fondo Turístico Especial Concursable (FONTEC) y el Fondo de Apoyo a la Emergencia del Turismo (FAET) para promover las inversiones en el sector y evitar la quiebra de las empresas.
OPINIONES ENCONTRADAS
Cabe señalar que dichas propuestas fueron aprobadas por ambas comisiones parlamentarias e incluidas en sus respectivos dictámenes. Sin embargo, el MEF formuló observaciones al proyecto de Ley alegando que las medidas planteadas demandarán mayores recursos al Tesoro Público.
“El otorgamiento de beneficios tributarios acarrea consigo disminuciones en la recaudación global, trayendo de esa manera desajustes para la planificación del gasto nacional a favor de la población”, señaló.
“Una exoneración del IGV podría ser incluso perjudicial para las empresas afectaras por la presente crisis. No se ha señalado el costo fiscal de la medida, ni la fuente de ingresos alternativa para no generar déficit fiscal”, agregó el MEF.
Por el contrario, el Mincetur dijo que resulta necesario expedir normas de carácter tributario que permitan exonerar el IGV a la prestación de algunos servicios turísticos, aunque precisó que se requeriría para ello la opinión previa del MEF. Dicho ministerio también debería evaluar la “suspensión” (no exoneración) del pago del IR, considerando un “fraccionamiento” a fin de no afectar los recursos de la caja fiscal, opinó.
No obstante, se pronunció en contra de crear los fondos FONTEC y FAET, pues recordó que el Gobierno ya ha puesto en marcha el Fondo de Apoyo Empresarial al Sector Turismo (FAE-Turismo) y el programa Turismo Emprende, entre otras medidas de apoyo económico a favor de las micro y pequeñas empresas (mypes).
Además, el Mincetur advirtió el riesgo de declarar en situación de emergencia el sector turismo, ya que “podría generar una percepción negativa en el exterior que afecte el posicionamiento del Perú como destino turístico y las acciones que, tanto el sector público como el privado, vienen impulsando para la reactivación de la actividad, especialmente el proceso de implementación de las condiciones sanitarias y seguridad que el contexto actual requiere”.
Por su parte, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo aclaró que el proyecto de Ley se presenta en un contexto excepcional, donde la pandemia del Covid-19 ha provocado una caída histórica del sector turismo, que hoy requiere urgentes medidas tributarias que posibiliten su reactivación. Para ello, urge declarar en emergencia el sector por un periodo de 36 meses (del 2021 al 2023).
“Este sacrificio fiscal es en pro de salvaguardar el ingreso de la futura recaudación y como parte de la situación de emergencia nacional del turismo, necesaria para su reactivación en lo que compete al sector, que se verá reflejado en la dinamización económica del país”, argumentó el grupo parlamentario.
Subrayó que esta iniciativa legislativa beneficia directamente a las empresas turísticas (hoteles, agencias de viajes, operadores y guías de turismo, restaurantes, transporte turístico, artesanos, con excepción de los casinos y tragamonedas), “porque incentiva la demanda ante la oferta de la prestación del servicio sin los impuestos materia de exoneración e, indirectamente, beneficia al turista nacional, en tanto el Estado deja temporalmente de recaudarlos”.
“Igualmente se beneficia –a mediano plazo– en términos generales a la micro y pequeña empresa (mype), al hacerles extensivo la devolución del IGV por la adquisición de bienes del turista receptivo, sin la necesidad de encontrarse dentro del régimen de buenos contribuyentes, atendiendo a la situación de emergencia del sector”, explicó.
La Comisión también defendió la necesidad de crear los fondos FONTEC y FAET: el primero, destinado a desarrollar proyectos de mejoramiento de infraestructura, servicios, bioseguridad y promoción turística para los destinos nacionales; y el segundo, con el objetivo de evitar la quiebra masiva de las empresas de turismo afectadas por las medidas adoptadas por el Gobierno a raíz de la pandemia del coronavirus.
“El FAE-Turismo solo se trata de préstamos con periodos de gracia de hasta 24 meses, que sin duda alguna servirán para pagar el IR del 2019 y 2020 y el IGV mes a mes; consecuentemente, esto no es más que una acumulación de deudas para los prestadores de servicios turísticos en extinción, que no podrán pagar ni luego de transcurrido los 24 meses, por la sencilla razón que existe cero turismo”, acotó.
OTRAS PROPUESTAS
Por otra parte, ambas Comisiones del Congreso precisaron que el proyecto de Ley 5525/2020-CR no solo incluye normatividad relacionada con el aspecto tributario, sino también la promoción prioritaria de proyectos turísticos de inversión en infraestructura tanto de los gobiernos regionales como locales, financiados con parte del canon minero asignado, por lo que no implica un gasto adicional al respecto.
En ese sentido, la norma dispone que se faculte a los gobiernos regionales y locales, en el marco de su autonomía y competencia, la asignación de hasta el 10% de sus recursos provenientes del canon minero para la promoción de proyectos turísticos locales y la priorización de proyectos de infraestructura.
Asimismo, propone que se establezca y articule el Plan Nacional de Reactivación del Turismo como estrategia de recuperación e impulso del sector, además de identificar las iniciativas en materia de política turística y de sostenibilidad de los módulos de desarrollo turístico en nuestro país.
“Dicho plan estará a cargo y bajo responsabilidad del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en coordinación con los tres niveles de Gobierno y deberá establecerse en un plazo de 30 días calendarios perentorios tras la aprobación de la ley”, precisa la iniciativa legislativa.
Complementariamente, recomienda al Mincetur priorizar la homologación de lineamientos sanitarios para los distintos destinos turísticos del Perú y establecer un esquema de certificación que permita a los prestadores del servicio y destinos nacionales acceder a un sello de “Bioseguridad Turística” y al sello “Viaje Seguro” (Safe Travel) que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Al respecto, el ministerio dijo que se viene trabajando este tema.
La iniciativa legislativa también dispone que el Mincetur coordine la participación de nuestro país en el mayor número de en ferias internacionales de turismo, como forma prioritaria de promocionar el turismo receptivo, con cargo a su pliego presupuestal. Sumado a ello, PromPerú deberá diseñar y ejecutar campañas de “Turismo de Cercanías” por carreteras para potenciar el desarrollo del turismo interno.
Finalmente, plantea como estrategia para fomentar el turismo nacional la declaración de feriados largos en fechas que lo permitan, como Fiestas Patrias 2021, para lo cual PromPerú deberá convocar a las empresas del sector y difundir sus paquetes turísticos accesibles a la población en general.
“Se podría considerar la acumulación de un día feriado [que caiga sábado o domingo] y trasladarlo al viernes; así, más los días del fin de semana, podría considerarse como feriado largo. Pero ello es potestad del Poder Ejecutivo”, puntualiza la norma que espera ser debatida en los próximos días.
*Si deseas más información sobre estas propuestas, descarga el dictamen al PL 5525/2020-CR presentado por la Comisión de Comercio Exterior y Turismo:
DICTAMEN DE COMISIÓN DE TURISMO
*También puedes descargar el dictamen al PL 5525/2020-CR presentado por la Comisión de Economía, Banca y Finanzas:
DICTAMEN DE COMISIÓN DE ECONOMÍA
