Ante la controversia surgida por la evaluación de la ampliación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Terminal Portuario Paracas, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) solicitó que primen los criterios técnicos, en cumplimiento del marco jurídico vigente y los compromisos asumidos por el Estado peruano en los contratos de concesión que suscribe para prestar un servicio público.
“Consideramos indispensable que los proyectos se lleven a cabo de una manera sostenible con las mejores prácticas ambientales y sociales, con mayores estándares ambientales sobre todo en una zona de una reserva y en cumplimiento de la normativa vigente; pero también invocamos que no se desinforme sobre el tema”, sostuvo el gremio empresarial.
Al respecto, la Asociación Mundo Azul advirtió que la Reserva Nacional de Paracas enfrenta la amenaza de ser eventualmente contaminada por una actividad no prevista en sus alrededores: el traslado y almacenamiento de concentrados de mineral.
El problema se remonta a la intención del consorcio Terminal Portuario Paracas de incluir un almacén de concentrados de minerales como parte del proyecto de modernización del Terminal Portuario General San Martín, en Pisco, un planteamiento que no estaba previsto como tal en el contrato que la empresa suscribió con el Estado en 2014.
Debido a ello, el consorcio elaboró una Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), con la intención de tener permiso para incluir la referida estructura. Sin embargo, la entidad desaprobó el estudio en febrero de este año y realizó 33 observaciones.
Al ver rechazado el MEIA, el consorcio decidió apelar. También propuso usar tecnología hermética para manejar los minerales, entre los que no se incluiría plomo, pero sí cobre y zinc, aunque los tres estarían permitidos según el contrato.
No obstante, Stefan Austermuhle, director de la Asociación Mundo Azul, precisó que en el contrato de concesión no se menciona el uso de equipamiento, almacén, grúa, ni nada para transportar minerales porque claramente el objetivo del documento era crear un puerto para graneles sólidos y líquidos. “Es decir, agricultura y un puerto de contenedores”, explicó el especialista al diario Perú 21. Esta semana, el Senace hará pública su última palabra.
Sobre el tema, AFIN señaló: “Con relación a la primera denegatoria del Estudio, cabe precisar que las observaciones presentadas se basaron en exigencias no establecidas para ambientes fuera del ámbito de la concesión y que corresponden al sector concedente como el MTC”.
Asimismo, dijo que debe tomarse en cuenta que el puerto General José de San Martín, sobre el cual se ha otorgado la concesión para reconstruir, ampliar y modernizar la infraestructura existente, se construyó en 1970 y desde ese entonces, en manos de Enapu, ha exportado minerales a granel.
