La Corte Suprema de Justicia confirmó hace unos días los 9 meses de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía contra la ex magistrada Bony Eve Gamarra Flores, acusada de recibir un soborno de US$ 50,000 para resolver a favor del consorcio Consettur, a fin de que pueda seguir como único operador de buses en la vía Hiram Bingham que conduce a la ciudadela de Machu Picchu.
Turiweb tuvo acceso a la resolución judicial emitida a mediados de febrero de 2023, donde se detalla la investigación fiscal y las declaraciones de testigos y acusados en este polémico caso. Cabe señalar que la ex magistrada Gamarra Flores fue destituida de sus funciones hasta en tres oportunidades por la Junta Nacional de Justicia, debido a las numerosas irregularidades que presuntamente habría cometido.
Según la carpeta fiscal, en setiembre de 2017, la empresa Waynapicchu, uno de los miembros de Cosettur, habría otorgado un soborno de US$ 50,000 a la jueza Bony Gamarra, del Primer Juzgado Mixto de Santiago (Cusco), para que falle a favor de dicho consorcio en la medida cautelar presentada por el Consorcio Machupicchu Pueblo y la Municipalidad Provincial de Urubamba.
Previamente, el 11 de agosto de 2017, Gamarra Flores admitió la referida medida cautelar y ordenó que el Consorcio Machupicchu Pueblo opere con 12 buses, de los 24 permitidos por capacidad de la vía Hiram Bingham. También ordenó que la Municipalidad Provincial de Urubamba autorice la utilización de la infraestructura edil (paraderos y estaciones de ruta) y disponga que Consettur comparta la ruta, que los buses se utilicen cada 10 minutos y que la Municipalidad Distrital de Machu Picchu disponga el ingreso del Consorcio Machupicchu Pueblo en la ruta Aguas Calientes – Puente Ruinas.
El 4 de setiembre de 2017, Consettur presentó un recurso de oposición contra la sentencia, el mismo que fue declarado infundado por Gamarra Flores el 4 de octubre. No obstante, dos días después, el 6 de octubre, la propia magistrada cambió de parecer y señaló que la medida cautelar no debía causar perjuicio al servicio de transporte de la ruta Hiram Bringham – ciudadela de Machuc Picchu, mucho menos a la seguridad personal o material de las personas naturales y jurídicas.
“Con fecha 16 de setiembre de 2017, el gerente de la empresa Waynapicchu y los cinco directores, conjuntamente con el letrado Patrick Emmanuel Pérez Deza, habrían acordado ‘sobornar’ a la jueza Gamarra Flores para obtener una decisión favorable a dicha empresa. En el proceso indagatorio fiscal, los recurrentes pasaron de ser considerados testigos a tener la condición de imputados”, señala el alegato de la Fiscalía, documento al que tuvo acceso Turiweb.
La entrega del presunto soborno ha sido corroborada en diversas oportunidades por directivos y funcionarios de las empresas Waynapicchu y Consettur. Ellos afirman que el propio abogado Patrick Pérez Deza, asesor legal de Waynapicchu, afirmó en varias reuniones que obtener la resolución favorable en el proceso de amparo tuvo un costo de 50,000 dólares.
Frente a estos hechos, la ex jueza Bony Gamarra Flores y el abogado Patrick Pérez Deza han sido acusados penalmente por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y cohecho activo específico, respectivamente, en agravio del Estado.
La investigación fiscal y la decisión de la Corte Suprema demuestran también que hay indicios de corrupción al más alto nivel en la decisión judicial que permitió a Cosettur seguir operando en la vía Hiram Bingham y que se mantenga el monopolio en el millonario servicio de transporte turístico hacia Machu Picchu.
*Para más información, descarga la resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:
