Tras tomar conocimiento del caso de feminicidio contra dos hermanas en el hotel D Poly de Huacho, la Defensoría del Pueblo recomendó al alcalde de Huaura fiscalizar los hoteles, hostales, hospedajes u otros de su jurisdicción.
Asimismo, solicitó inspeccionar y verificar que estos establecimientos cumplan con la Ley N° 30802, que establece que el ingreso de niñas, niños y adolescentes a establecimientos de hospedaje solo es posible en compañía de sus madres, padres o tutores.
Además, se debe capacitar sobre la materia a los funcionarios y servidores municipales encargados de inspeccionar los establecimientos de hospedaje, así como a los administradores y trabajadores de dichos establecimientos, para que estén familiarizados con la normativa y puedan asegurar su cumplimiento, señala el oficio enviado en la víspera al burgomaestre de Huaura, Santiago Cano la Rosa.
“También resulta muy preocupante haber tomado conocimiento que el hotel D Poly contaba con una licencia de funcionamiento falsa, razón por la cual se hace necesaria una fiscalización inmediata de estos establecimientos, el incumplimiento de estas exigencias contribuye con la comisión de delitos de violación sexual, trata de personas, feminicidios y otros que afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes”, subrayó la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, Estela Lozano.
Los establecimientos de hospedaje deben respetar y cumplir con las leyes y regulaciones destinadas a proteger a las niñas, los niños y adolescentes, para prevenir situaciones de riesgo, como el posible abuso, explotación infantil o feminicidio, como se dio en este caso. Esto implica no solo buscar responsabilidades legales, sino también implementar medidas que prevengan situaciones similares en el futuro y protejan los derechos y el bienestar.
La Ley Nº 30802, establece en su artículo 2º, que “el ingreso de niñas, niños y adolescentes a las habitaciones o departamentos de establecimientos de hospedaje, se efectuará en compañía de uno o ambos padres, tutor o responsable, debidamente acreditados por la autoridad competente o con la documentación que demuestre la relación judicial o legal que exista entre ellos o, en su defecto, con autorización otorgada por escrito y con firma legalizada por notario” (…) y el incumplimiento de ella tienen una sanción.
La Defensoría del Pueblo continuará haciendo un seguimiento a las condiciones de los servicios que se brinde a la ciudadanía, con la finalidad de evitar poner en peligro a la población en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, mujeres, así como personas adultas mayores y con discapacidad.
