A pocas semanas de las elecciones presidenciales, el candidato Rafael López Aliaga sigue recibiendo duras críticas desde el Cusco por el rol de las empresas turísticas donde es accionista, entre ellas la compañía de trenes PeruRail y la hotelera Perú OEH, concesionaria del Machu Picchu Sanctuary Lodge desde el 1995 por un periodo inicial de 20 años (vigente hasta el 2015), pero cuyo contrato de usufructo fue ampliado en 2013 por 10 años más, hasta el 2025.
Al respecto, el procurador del Gobierno Regional del Cusco, Pedro Galicia Pimentel, reiteró que la ampliación de la concesión es ilegal ya que fue firmada por el exgobernador regional Jorge Acurio Tito, quien se encontraba enjuiciado por corrupción de funcionarios y afrontaba un proceso por vacancia. Por ello, se inició un proceso de anulación de adenda que hoy se encuentra en la Corte Suprema.
Desde hace 7 años las autoridades del Gobierno Regional del Cusco disputan con la empresa Perú OEH, en la que el candidato presidencial Rafael López Aliaga tiene participación económica, por la concesión del establecimiento donde funciona el Sanctuary Lodge Hotel, uno de los más lujosos y caros hospedajes del país, emplazado en las cercanías de Machu Picchu.
Para el Consejo Regional del Cusco, la ampliación de la concesión del lujoso hotel de Machu Picchu hasta el 2025 fue un acto ilegal y buscan anularlo judicialmente. Las autoridades cusqueñas alegan que, en 2013, el exgobernador Jorge Acurio amplió por 10 años más la concesión a favor de Perú OEH, a cambio de un monto mensual minúsculo. El abono es de US$ 10 mil dólares, mientras que una noche en la suite del hotel cuesta US$ 1,628 dólares.
“La ganancia que obtiene Perú OEH es abismal en relación a lo que paga por la concesión al Gobierno Regional. Por unas cuantas noches de hospedaje, pagan la mensualidad. Esperamos que la Corte Suprema termine con esta irregularidad que solo beneficia a la empresa (de López Aliaga)”, señaló el procurador Pedro Galicia, en declaraciones a La República.
Por su parte, Laurent Carraset, gerente general de la cadena Belmond Hotels –que en sociedad con Perú OEH administra el Sanctuary Lodge Hotel–, quien firmó el acuerdo con Jorge Acurio, defendió la ampliación de la concesión e indicó que no se requería la aprobación del Consejo Regional del Cusco para la ampliación hasta el 2025, porque se trataba solo de un acto administrativo.
“La compañía hotelera sostiene que la ampliación de la concesión hasta el 16 de mayo del 2025 se hizo conforme a las normas y continúa explotando la infraestructura que es de propiedad del Gobierno Regional del Cusco. El caso se encuentra en proceso de casación en la Corte Suprema”, precisó el diario.
El Machu Picchu Sanctuary Lodge Hotel es una de las pocas propiedades del Gobierno Regional del Cusco, por lo que sus autoridades insisten en conseguir anular la adenda para recuperar la infraestructura y obtener muchos mejores ingresos respecto a los que reciben actualmente.
