A dos semanas de formulada la denuncia contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y PromPerú, por el caso Canatur Marketplace, la Contraloría General de la República viene examinando los documentos presentados por la empresa Munay & Business Perú S.A.C. el pasado 26 de octubre de 2020, con el fin de determinar si existen indicios sobre presuntos actos irregulares cometidos por funcionarios de ambas entidades públicas en la firma del polémico convenio con la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
Especialistas consultados por Turiweb, señalaron que este caso se encuentra aún la primera etapa de atención de denuncias, que contempla el registro de la información, análisis de datos e identificación de los hechos, proceso que dura como máximo 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de emitida la Ficha Única de Registro (FUR).
Por tanto, la Contraloría tiene plazo hasta antes del 15 de diciembre para anunciar si admite o no la demanda, precisaron nuestras fuentes. De acogerse el reclamo de Munay Perú, el organismo fiscalizador deberá emitir la Ficha Única de Denuncia (FUD) que contiene la información válida que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Culminado este trámite, comienza el proceso de Evaluación de la Denuncia donde se revisan, validan, actualizan, complementan e integran los presuntos hechos irregulares contenidos en la denuncia, para luego recomendar los servicios de control a cargo de las unidades especializadas y las acciones de fiscalización e investigación de las entidades públicas involucradas (Mincetur y PromPerú).
Este trabajo dará paso en la evaluación preliminar y preparatoria, absolución de consultas, seguimiento y, finalmente, al eventual el inicio de procedimientos sancionadores y requerimientos del Ministerio Público.
SANCIONES
Como se sabe, Munay & Business Perú denunció ante la Contraloría a los principales funcionarios del Mincetur y de PromPerú, por presunta responsabilidad funcional y mal ejercicio de su cargo al haber autorizado la constitución de una “alianza ilegal” con Canatur y las empresas Joinnus y Alignet para la implementación comercial de la plataforma denominada Canatur Marketplace, así como la utilización de recursos públicos para el financiamiento de servicios netamente privados.
“Denunciamos actos de corrupción, configurándose el de abuso de la función pública y que se encuentran prohibidos por normas administrativas. Están sancionados con medidas disciplinarias: destitución, inhabilitación (1 a 5 años), la suspensión del cargo (de 30 a 360 días) o amonestaciones, por lo que solicitamos se aplique la de mayor sanción”, señala la denuncia presentada por Munay Perú el 26 de octubre.
Cabe señalar que los funcionarios y servidores públicos comprendidos en la denuncia son: Luis Torres Paz, presidente ejecutivo de PromPerú; Marisol Acosta Torrely, directora de Turismo de PromPerú; Guillermo Cortés, ex viceministro de Turismo; Javier Palomino Sedo, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de PromPerú; y Javier Delgado Vite, jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información de PromPerú.
La denuncia indica que dichos funcionarios del Mincetur y PromPerú actuaron “con esta alianza camuflada en beneficio de terceros y violando la ley”. Solicita que también se investigue la participación del gremio Canatur y las empresas Joinnus y Alignet, “quienes participan en forma conjunta de los actos de corrupción y faltas administrativas de dichos funcionarios”.
Al respecto, según lo establecido por la Contraloría en la Directiva N° 009-2020-CG/GCSD, de detectarse infracciones por desempeño funcional negligente o para fines distintos al interés públicos, los funcionarios que resulten responsables son pasibles de las siguientes sanciones:
- Faltas Graves: suspensión de 30 a 360 días en la función pública o inhabilitación no menor de uno ni mayor de dos años.
- Faltas Muy Graves: inhabilitación de toda función pública no menor de dos ni mayor de cinco años.
La norma señala también que los funcionarios sancionados en primera instancia tienen derecho a apelar a una segunda instancia, siendo el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas quien decidirá finalmente su situación.
Los especialistas consultados por Turiweb sostienen que la duración del proceso en su conjunto (desde la recepción de la denuncia hasta las fases instructiva, sancionadora y el tribunal superior) puede tomar entre siete a diez meses.
Por otra parte, todo procedimiento iniciado por la Contraloría sobre los presuntos hechos irregulares materia de la denuncia, no sustituye no excluye en modo alguno cualquier acción legal o administrativa que el denunciante pueda presentar ante otras entidades o instituciones, con el objetivo de cautelar o resguardar sus derechos o del Estado.
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