La Contraloría General de la República admitió la denuncia presentada por la empresa Munay & Business Perú S.A.C., el pasado 26 de octubre, en contra del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y de PromPerú, por el convenio suscrito con la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) para promocionar su polémico Marketplace a través de la web estatal ‘Y tú qué planes’.
Fuentes de Turiweb confirmaron que la demanda fue aprobada ayer por la Procuraduría Pública y el caso fue remitido a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario. El Órgano de Control Interno del Mincetur será el encargado de realizar las investigaciones correspondientes y determinar si existen indicios sobre presuntos actos irregulares cometidos por los funcionarios de ambas entidades públicas.
Especialistas consultados por nuestro medio señalaron que ahora el organismo fiscalizador deberá iniciar el proceso de Evaluación de la Denuncia donde se revisan, validan, actualizan, complementan e integran los presuntos hechos irregulares contenidos en la demanda, para luego recomendar los servicios de control a cargo de las unidades especializadas y las acciones de fiscalización e investigación de las entidades públicas involucradas (Mincetur y PromPerú).
Este trabajo dará paso a la evaluación preliminar y preparatoria, absolución de consultas, seguimiento y, finalmente, al eventual el inicio de procedimientos sancionadores y requerimientos del Ministerio Público.
POSIBLES SANCIONES
Como se sabe, Munay & Business Perú denunció ante la Contraloría a los principales funcionarios del Mincetur y de PromPerú, por presunta responsabilidad funcional y mal ejercicio de su cargo al haber autorizado la constitución de una “alianza ilegal” con Canatur y las empresas Joinnus y Alignet para la implementación comercial de la plataforma denominada Canatur Marketplace, así como la utilización de recursos públicos para el financiamiento de servicios netamente privados.
“Denunciamos actos de corrupción, configurándose el de abuso de la función pública y que se encuentran prohibidos por normas administrativas. Están sancionados con medidas disciplinarias: destitución, inhabilitación (1 a 5 años), la suspensión del cargo (de 30 a 360 días) o amonestaciones, por lo que solicitamos se aplique la de mayor sanción”, señala la denuncia presentada por Munay Perú el 26 de octubre.
Cabe señalar que los funcionarios y servidores públicos comprendidos en la denuncia son: Luis Torres Paz, presidente ejecutivo de PromPerú; Marisol Acosta Torrely, directora de Turismo de PromPerú; Guillermo Cortés, ex viceministro de Turismo; Javier Palomino Sedo, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de PromPerú; y Javier Delgado Vite, jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información de PromPerú.
La denuncia indica que dichos funcionarios del Mincetur y PromPerú actuaron “con esta alianza camuflada en beneficio de terceros y violando la ley”. Solicita que también se investigue la participación del gremio Canatur y las empresas Joinnus y Alignet, “quienes participan en forma conjunta de los actos de corrupción y faltas administrativas de dichos funcionarios”.
Al respecto, según lo establecido por la Contraloría en la Directiva N° 009-2020-CG/GCSD, de detectarse infracciones por desempeño funcional negligente o para fines distintos al interés públicos, los funcionarios que resulten responsables son pasibles de las siguientes sanciones:
- Faltas Graves: suspensión de 30 a 360 días en la función pública o inhabilitación no menor de uno ni mayor de dos años.
- Faltas Muy Graves: inhabilitación de toda función pública no menor de dos ni mayor de cinco años.
La norma señala también que los funcionarios sancionados en primera instancia tienen derecho a apelar a una segunda instancia, siendo el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas quien decidirá finalmente su situación.
Los especialistas consultados por Turiweb sostienen que la duración del proceso en su conjunto (desde la recepción de la denuncia hasta las fases instructiva, sancionadora y el tribunal superior) puede tomar entre siete a diez meses.
Por otra parte, todo procedimiento iniciado por la Contraloría sobre los presuntos hechos irregulares materia de la denuncia, no sustituye ni excluye en modo alguno cualquier acción legal o administrativa que el denunciante pueda presentar ante otras entidades o instituciones, con el objetivo de cautelar o resguardar sus derechos o del Estado.
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