La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó ayer el informe final de la Denuncia Constitucional 328 formulada por la Fiscalía de la Nación, contra la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, y los ex ministros Willy Huertas Olivas (Interior) y Roberto Sánchez Palomino (Mincetur).
El informe, que será elevado a la Comisión Permanente, fue aprobado con 17 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
A los ex ministros de Pedro Castillo se les acusa de ser presuntos coautores de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración en agravio del Estado.
El encargado de la investigación y de la sustentación del referido informe final fue el congresista delegado, Wilson Soto Palacios, quien leyó por cerca de dos horas el documento de 72 páginas que concluye acusar a los tres ex ministros como presuntos coautores de los mencionados delitos.
Según la denuncia constitucional, Betssy Chávez se reunió horas antes del golpe de Estado en Palacio de Gobierno con el ex presidente Castillo Terrones y su asesor Aníbal Torres.
Asimismo, sostuvo que la ex presidenta del gabinete presentó su renuncia después de varias horas en las que ya la situación del ex mandatario estaba definida como delictiva.
Con respecto a Huerta Olivas, dijo que éste respondió a las órdenes de un gobierno que se había pronunciado públicamente como golpista y estaba actuando fuera de la ley y el orden constitucional. También que se reunió días anteriores con Castillo Terrones y que no ha sabido explicar sus motivos.
Con referencia a Sánchez Palomino, dijo que no existe una explicación razonable de que se haya mantenido dentro del Palacio Presidencial por 40 minutos, si él se expresó en contra del contenido del mensaje.
Un pedido de varios congresistas, entre ellos, Norma Yarrow Lumbreras y Diego Bazán Calderón de Avanza País, también fue elevado para que se acuerde en el Pleno la suspensión de sus funciones a los congresistas Sánchez Palomino y Chávez Chino hasta que se definan sus casos.
De acuerdo al artículo 89 del Reglamento del Congreso, si la denuncia constitucional es aprobada se eleva a la Comisión Permanente, allí se nombra una subcomisión acusadora para que sustente el informe ante el Pleno y formule acusación en su nombre ante la asamblea.
