Los congresistas Rebeca Cruz y Armando Villanueva, representantes de la región Cusco, mostraron su incomodidad con respecto a las rutas, horarios e infraestructura de los trenes locales que se dirigen al distrito de Machu Picchu.
Ello ocurrió durante la sesión de ayer del grupo de trabajo parlamentario encargado de analizar los contratos de concesión de Fetransa, Consettur, Belmont Santuary Lodge, Hotel Cusco, así como los servicios turísticos de la ruta Cusco – Machu Picchu, que preside la legisladora Cruz Tevez.
“Nos muestran imágenes de trenes que no son usados por los locales, nosotros hemos viajado con los miembros de la Comisión y no son en esos trenes”, señaló Cruz, refiriéndose a las fotos del tren local que mostraron los representantes de Fetransa.
Por su parte, Villanueva cuestionó la forma en la que viajan los locales en los trenes, ya que no hay atención preferencial y están apiñados debido a la cantidad de pasajeros.
Sobre ello, los directivos de la empresa ferroviaria respondieron que no están obligados por el contrato a hacer transporte a bajo costo, pero como responsabilidad social realizan transporte en el tren local para personas y residuos sólidos.
También indicaron que el monto de pago no ha sido modificado desde el año 1999, pese a la subida de precios de combustibles. “Tenemos un costo social desde Santa Teresa y Machu Picchu hasta Cusco”, dijeron.
Respecto a por qué el Ferrocarril Trasandino no lleva pasajeros, sino combustible y minerales a diversas horas, entre Arequipa, Puno y Cusco, los funcionarios expresaron que el costo que generaría no convendría a los usuarios y tendría que intervenir el Estado de modo subsidiario para establecer el monto de los pasajes.
“Hemos hablado con autoridades locales y regionales a lo largo de los años, ellos saben que el costo superaría al beneficio, ya que la mayoría prefiere transporte por carretera debido al bajo costo”, subrayaron.
Posteriormente, los representantes de Fetransa informaron que se encuentran obligados a presentar una carta fianza cada año hasta el 15 de mayo porque así está estipulado en el contrato. Sobre la fianza, dijeron que busca cubrir los intereses generados del Estado dado el pago de retribuciones por el tráfico de los operadores en la vía.
En relación con los estándares de seguridad, manifestaron que Ositran es el que emite la certificación que los avala, además que su inversión asciende a 219 millones 468 mil 47 soles. “Las multas en estos 20 años de funcionamiento han sido cinco y de montos mínimos, todas se han pagado al Estado peruano”, refirieron.
Cabe señalar que, debido a la cantidad de preguntas formuladas y a la falta de presentación de documentos por los invitados, los directivos de las empresas PeruRail e IncaRail fueron invitados a una próxima sesión para que expongan los requerimientos del grupo de trabajo del Congreso de la República.
