El complejo arqueológico de Caral, la civilización más antigua de América, continuará invadido parcialmente por presuntos traficantes de tierra que han atacado y amenazado de muerte a los arqueólogos que investigan en la zona, catalogada como patrimonio de la humanidad por la Unesco.
Así lo denunció en un comunicado la Zona Arqueológica Caral (ZAC), cuya directora, Ruth Shady, lamentó que el desalojo programado para el pasado viernes 7 de enero fuese suspendido hasta el 31 de mayo ante la aparición en la zona de un grupo de 60 hombres con actitud violenta y armados con machetes.
Lejos de cumplirse lo dispuesto en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Perú emitida en 2016, el juez César Macedo, el procurador (abogado del Estado) Henmer Alva y el abogado de los invasores acordaron aplazar cinco meses el desalojo.
“La recuperación judicial del terreno de propiedad del Estado Peruano, donde se ubica el sitio arqueológico que forma parte del Patrimonio Mundial, no se realizó porque el juez a cargo, magistrado César Macedo Figueroa, el procurador Henmer Alva Neyra y el abogado de la parte sentenciada, acordaron suspender la medida hasta el 31 de mayo de 2022”, indicó la entidad cultural.
FRUSTRADO DESALOJO
En el frustrado intento de desalojo del pasado viernes, la oficina encargada de investigar Caral manifestó su “profunda extrañeza y preocupación por la tolerancia y pasividad” de la Policía, que participaba en la diligencia con 106 agentes.
Los policías no protegieron a los trabajadores del yacimiento arqueológico cuando desbloquearon el camino a la zona, que había sido cortada por los invasores con piedras y árboles, ni tampoco luego hicieron ademán de imponerse sobre las personas a desalojar, según relató la ZAC.
Incluso el jefe de campo de Caral, Daniel Mayta, fue agredido por Pablo Mejía, uno de los invasores de la zona, quien lo atacó violentamente junto a otros individuos armados con palos para propinarle golpes en la cabeza, piernas y espalda, lo que ha llevado al arqueólogo a denunciarles por intento de homicidio.
“La Zona Arqueológica Caral expresa su profunda extrañeza y preocupación por la tolerancia y pasividad demostrada por el comando policial encargado de prestar las garantías del caso, así como también por el plazo dado al sentenciado (de cinco meses) para que continúe ocupando y usufructuando un terreno arqueológico de propiedad estatal que debió ser desalojado una vez ratificada la sentencia por la Corte Suprema, en el año 2016. Al proseguir con sus actividades en el lugar, el sentenciado, Alejandro Ramón Solís Saavedra, continuará dañando las evidencias arqueológicas de la civilización Caral, la primera civilización de América”, señala el comunicado.
El aplazamiento del desalojo aumenta las posibilidades de que los invasores continúen dañando evidencias arqueológicas de la civilización Caral, que se desarrolló hace 5.000 años a unos 150 kilómetros al norte de Lima, de manera coetánea a otras grandes culturas antiguas como Mesopotamia, Egipto, China y Tiahuanaco.
La Zona Arqueológica Caral también deploró las actitudes asumidas y las declaraciones realizadas, después de lo ocurrido, por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Supe, señor Luis Alberto Sosa Hidalgo, quien abiertamente desacata la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que en su artículo 82 indica que el Alcalde tiene la obligación de: “Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su identificación, registro, control, conservación y restauración”.
Finalmente, la Zona Arqueológica Caral espera que las autoridades respectivas hagan cumplir las normas y leyes que protegen el Patrimonio Cultural de la Nación, así como los tratados internacionales que velan por la protección del Patrimonio Mundial.
