“No se puede decir que el gobierno fomenta la inversión en el país si por otro lado las municipalidades continúan cerrando negocios”, expresa en un comunicado la Asociación de Hoteles y Restaurantes (Ahora Perú) en respaldo a la iniciativa presentada por el congresista Hernando Guerra García, quien ha propuesto en un Proyecto de Ley el fortalecimiento de las libertades de empresa y comercio establecidos en el artículo 59° de la Constitución Política del Perú.
El proyecto de Ley tiene por objeto regular los procedimientos de clausura de los establecimientos comerciales, de manera temporal o definitiva, por parte de todas las entidades administrativas, incluyendo gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno central, organismos reguladores, organismos constitucionalmente autónomos y cualquier otra entidad que forme parte de la administración pública.
“Las municipalidades continúan cerrando negocios como centros comerciales, restaurantes, tiendas de ropa, fábricas, bodegas, boticas, entre otros. Esta información la tenemos porque hace poco nos hemos reunido con varios gremios empresariales llegando a la misma conclusión. Tras la pandemia, muchos negocios han sobrevivido con dificultad y se ven obligados a seguir pagando préstamos con altos intereses en lugar de recibir ayuda de las autoridades municipales que continúan afectando a miles de empresas en el ámbito nacional”, precisa Gabriela Kanashiro, representante de Ahora Perú.
Además, la empresaria gastronómica señala que los cierres de locales se realizan generalmente los fines de semana, lo cual dificulta el pago de multas generando pérdidas económicas importantes para los empresarios gastronómicos y personal de servicio que dejan de recibir propinas y obviamente se afecta también la recaudación tributaria.
“Los cierres de empresas conduce a la pérdida de empleos y salarios más bajos. Sin embargo, es importante señalar que no todas las municipalidades tienen la misma política de atacar a las empresas”, comentó Kanashiro.
Finalmente, indicó que un establecimiento comercial no puede estar sujeto a la discrecionalidad de cierre que faculta a los funcionarios públicos a ejecutar dicho procedimiento. “Consideramos que esta medida debería aplicarse solo para casos excepcionales, así como también deberían estar mejor normados los procedimientos para su ejecución y posterior levantamiento de las observaciones que sean causal de clausura”, resaltó.
